"La homologación no tuvo éxito porque las empresas acreditaron los requisitos", aseguró Munté en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo.
El concurso estaba dividido en dos lotes: uno para 8.000 urnas transparentes, con un coste aproximado de 184.000 euros y un segundo para 4.000 urnas de cartón, por valor de 16.000 euros.
Las aspirantes a llevarse el contrato eran Plastic Express SA y Suministro Integrales Futbida SL, que ya habían superado algunos de los requisitos previos para la adjudicación.
Según explicó Munté, la voluntad del Ejecutivo catalán para comprar urnas se mantiene "intacta" tras declarar desierto el concurso ya que se explorarán "otras vías" para su adquisición.
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El Ejecutivo autonómico tiene que comprar las urnas porque las que se utilizan habitualmente para las elecciones generales, autonómicas y municipales son de titularidad estatal y no podrían ser utilizadas para el referéndum unilateral anunciado para el 1 de octubre.
Según el Gobierno español, la compra de urnas podría ser constitutiva de delito tanto por parte del Ejecutivo catalán como de las empresas candidatas a recibir el contrato.
"El Tribunal Constitucional ya dijo con toda claridad en un auto del 14 de febrero que impediría la celebración de cualquier referéndum y vinculó esa prohibición tanto a los representantes políticos como a los funcionarios o las empresas que pudieran estar relacionados", dijo a principios de mayo.
El pasado 20 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite una querella presentada por la Fiscalía contra Borrás al estimar que su actuación puede ser constitutiva de un delito de desobediencia, un delito continuado de prevaricación y otro de malversación.
Munté insitió este 27 de junio en que la posición del Gobierno catalán frente a la querella contra Borrás es que esta "no tiene ninguna base jurídica" y por tanto debería ser retirada de inmediato.
