El TSCJ considera que la actuación del Gobierno catalán puede ser constitutiva de un delito de desobediencia, un delito continuado de prevaricación y otro de malversación público.
Según recuerda el auto emitido por el tribunal, el Ejecutivo catalán dictó "un Acuerdo Marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlament de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana".
"Se trata de un Acuerdo para suministros de urnas electorales transparentes y urnas de cartón, con un plazo de vigencia de 48 meses, con un valor estimado el contrato de 200.000 euros, que también es el presupuesto base de licitación", prosigue el escrito.
Sin embargo, el tribunal ve indicios suficientes para pensar que las urnas serán utilizadas para celebrar un referéndum de autodeterminación en contra de las diferentes disposiciones del Tribunal Constitucional.
Lea más: El Gobierno catalán: "nos ampara la ley"
En concreto, el TSJC cita en su auto al anuncio del presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, que hace dos semanas expresó "su firme voluntad" de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre de este año con la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?"
