La independencia en Cataluña podría ser inmediata si no hay referéndum

MADRID (Sputnik) — El Gobierno catalán tiene preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña si el Ejecutivo de Mariano Rajoy impide que se celebre la consulta soberanista, que está prevista para finales de septiembre o principios de octubre, según recoge el diario El País.

El mecanismo se recoge en el borrador secreto de la Ley de Transitoriedad Jurídica, conocida como ley de ruptura.

Se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución provisional catalana durante el plazo de dos meses, en el que el Parlamento deberá poner en marcha un proceso constituyente para que desenboque en "República parlamentaria" de Cataluña.

"Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento", afirma la disposición final del borrador.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, dará este 22 de mayo por la tarde una conferencia en Madrid, en lo que se vislumbra como un último intento de llegar a un acuerdo con el Gobierno central para que permita celebrar la consulta.

Pregunta

El borrador de la ley también desvela la pregunta para el referéndum: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?".

Según el texto, para la independencia sería necesaria una mayoría de votos a favor, por reducida que sea, y sin un límite mínimo de participación.

Amnistía

El borrador de la ley de ruptura que prepara el Gobierno catalán contempla la amnistía a todos los imputados y condenados por causas judiciales vinculadas al proceso soberanista, según recoge el diario El País.

Esta medida afectaría directamente, entre otros, al expresidente Artur Mas, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso una pena de dos años de inhabilitación por la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014.

Entre otros afectados se encuentra el ex portavoz en el Congreso del Partit Demòcrata Europeu Català, Francesc Homs, o las exconsejeras del Gobierno catalán, Irene Rigau y Joana Ortega.

Todos ellos están condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional en la consulta del 9 de noviembre de 2014.

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La ley fundacional también contempla que la futura justicia catalana asumirá los casos que se encuentra en la actualidad en las manos del Tribunal Constitucional, del Supremo y de la Audiencia Nacional, lo que permitiría extinguir la responsabilidad.

Supremo

Esta ley también hace referencia a la Justicia, en la que se contempla que el Gobierno catalán nombre al presidente del nuevo Tribunal Supremo.

La nueva Justicia catalana buscaría "sobreseer o anular los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta", según señala el borrador.