"Constatamos el bajo nivel de la democracia del Estado español y la judicialización constante ante lo que es un clamor democrático de primer orden, civil, con toda la fuerza y legitimada para conseguir ser un estado normal, para poder decidir sobre nuestros asuntos, para poder votar", dijo Munté.
La portavoz del Ejecutivo pronunció estas palabras después de que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, declarase este 8 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un presunto delito de desobediencia al permitir votaciones sobre el proceso soberanista.
En concreto, Forcadell está encausada por permitir una votación en la que se aprobó una resolución que plasmaba la voluntad de los representantes catalanes de desarrollar un "proceso constituyente" encaminado a la creación de un Estado independiente.
Según la Fiscalía, la actuación de Forcadell y del resto de miembros de la Mesa del Parlamento catalán que permitieron los trámites para la citada resolución puso en evidencia su voluntad "inequívoca e irreversible" de "llevar adelante su proyecto político" con "total desprecio a la Constitución de 1978".
En opinión de Munté, la causa contra la presidenta del Parlamento catalán pone de manifiesto que en España tiene lugar una "criminalización de las ideas y de la libertad de opinión y expresión".