El caso investiga la empresa pública de aguas Canal de Isabel II de Madrid, en la que pudo haber malversación, blanqueo o cohecho, según informaron fuentes cercanas a la investigación.
A la docena de detenciones realizadas por la UCO se sumaron diferentes registros en domicilios y empresas de la capital española como parte del operativo contra esta presunta trama corrupta.
Por el momento la causa se encuentra bajo secreto de sumario y se desconocen muchos detalles de la operación.
No obstante, fuentes jurídicas informaron a diversos medios de comunicación locales de que la causa se centra en personas del entorno de González por movimientos para desviar dinero público en beneficio propio.
La operación corresponde al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y las diligencias están declaradas secretas.
No es la primera vez que la policía investiga las irregularidades en esta empresa pública.
En marzo de 2016, el juez Eloy Velasco, que lleva también este caso, ordenó a la Guardia Civil, en el marco del caso de corrupción Púnica, el análisis de las facturas emitidas ante la sospecha de que pudiesen ser "falsas" y encubrir un supuesto desvío de fondos.
Ignacio González fue el sucesor de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015.
La operación, bautizada con el nombre Lezo y coordinada por la Audiencia Nacional, investiga cuestiones como una posible financiación del Partido Popular a través de ese desvío de fondos o irregularidades en la compra de empresas en Latinoamérica por parte del expresidente madrileño.
Entre las personas citadas a declarar en la Audiencia Nacional como parte de la investigación se encuentra Cristina Cifuentes, sucesora de González y actual presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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En una breve comparecencia ante la prensa, Cifuentes mostró la disposición total de su formación política a colaborar con la justicia aunque se negó a ofrecer ningún tipo de detalle sobre la investigación o los motivos de su citación a declarar.
