Según informó la Fiscalía Superior de Cataluña, el Ministerio Público tomó la decisión de abrir diligencias contra actos que podrían suponer una "frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional".
El Ministerio Público expone como muestra de esos preparativos la publicidad institucional que el diario La Vanguardia mostró el jueves aconsejando a los catalanes residentes en el exterior a inscribirse en un registro para "tener más ventajas y hacer oír su voz".
En esa página de publicidad, bajo preguntas como "¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña?" o "¿Ya se han inscrito en el registro de catalanes residentes en el exterior?", aparece un mapa de Cataluña en el que pone "¿sí o no?", que es la pregunta binaria que el Ejecutivo pretende formular en el referéndum.
En octubre de 2016, el Parlamento catalán aprobó una resolución en la que constataba la existencia de una "mayoría parlamentaria favorable a la independencia" e instaba al Ejecutivo autonómico a convocar "un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, a mucho tardar, para septiembre de 2017, con una pregunta clara y de respuesta binaria".
Sin embargo, el Ejecutivo catalán anunció su intención de seguir adelante con la hoja de ruta política marcada por las resoluciones del Parlament y aseguró que "nada parará la voluntad inequívoca de celebrar un referéndum en Cataluña este año".
La apertura de estas diligencias, que llega tras los procesos judiciales donde fueron inhabilitados el expresidente catalán Artur Mas y tres de sus excompañeros de Gobierno por la celebración de la consulta soberanista no vinculante de noviembre de 2014, es la primera contra las intenciones del nuevo Ejecutivo catalán de celebrar un referéndum en 2017.
