El TSJC decidió "admitir a trámite la querella presentada por el Ministerio Fiscal" y ordenó "la incoación de diligencias previas" para resolver si los hechos que se describen en la querella son constitutivos de delitos de desobediencia y prevaricación.
Esta nueva querella, según el auto del TSJC, responde "al mismo plan o designio de burlar los pronunciamientos y mandatos del Tribunal Constitucional" que la Fiscalía ya apreció en actuaciones previas de Forcadell.
En concreto, esta nueva actuación de la Fiscalía fue presentada en octubre de 2016 para incluir hechos que no pudieron ser referidos en las querellas anteriores.
El más destacado de ellos es el referente a la votación en octubre de 2016 de una resolución en la que el Parlamento catalán constató la existencia de una "mayoría parlamentaria favorable a la independencia".
Este texto, que fue aprobado por el Parlamento catalán, fue anulado el 14 de febrero de 2017 por el Tribunal Constitucional, que consideró que Cataluña "carece de competencias para convocar y celebrar un referéndum".
