"Con esta aprobación, el Gobierno cumple con su obligación de acatar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", comunicó el ministro español de Fomento, Íñigo de la Serna.
Dicha sentencia se pronuncia contra la obligación que tienen las empresas a participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y a contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad.
Según explicó el ministro de Fomento, la reforma aprobada por el Gobierno contiene "la mayor flexibilidad que permite la normativa europea"
La propuesta del Gobierno, apoyada por la patronal, es liberalizar el establecimiento de las empresas portuarias y la contratación de los trabajadores pasando por un periodo de transición en el que esas corporaciones tendrán que contratar en el primer año a un 75% de los trabajadores inscritos en la Sagep, a un 50% el segundo y a un 25% el tercero.
"Una huelga de estas características produce un daño importante a la economía del país y produce efectos colaterales como que las empresas se decantan por utilizar otros puertos, algo que se puede tornar una decisión permanente si se prolonga en el tiempo", afirmó el ministro de Fomento.
Ante ese escenario, el titular de Fomento realizó un llamamiento al entendimiento entre la patronal portuaria y los estibadores, que todavía pueden negociar determinados aspectos de la reforma que escapan al decreto del Gobierno ya que quedan sujetos al marco de la negociación colectiva.
