Esta decisión, que fue dada a conocer por el tribunal de garantías, se deriva del incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno central contra las resoluciones del Parlamento catalán que a su modo de ver vulneran el orden constitucional.
El pasado mes de octubre, según comunicó por aquel entonces la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo español solicitó al TC "la declaración de nulidad de determinadas resoluciones adoptadas por el Pleno del Parlamento de Cataluña", entre las que se encontraba la referente a la convocatoria del referéndum.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 7 de febrero de 2017
Los argumentos del Gobierno incidieron en señalar que la cámara catalana desobedecía con su resolución sentencias previas del Tribunal Constitucional en las que se establecía que no cabe debate parlamentario posible sobre asuntos que sobrepasen las atribuciones otorgadas a las instituciones autonómicas en la Carta Magna.
Además, el 9 de julio de 2016 el TC recomendó al Parlamento catalán "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos constitucionales".
La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, aseguró tras conocer la decisión del TC que el independentismo seguirá adelante con su hoja de ruta sin tener en cuenta lo que diga la justicia española.
"Nada parará nuestra voluntad inequívoca de celebrar un referéndum en Cataluña este año", sentenció Munté.
