"Aquí no se está persiguiendo la democracia, quiero insistir en ello, se está valorando si hubo desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional", afirmó el Fiscal mientras exponía sus conclusiones sobre el caso, que quedará visto para sentencia.
En esa consulta participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
La defensa de los políticos catalanes, que no aceptaron preguntas ni de la Fiscalía ni de la Acusación Popular, se basó en argumentar que no incurrieron en un delito de desobediencia porque la providencia del Tribunal Constitucional era ambigua y porque cambiaron el formato de la consulta tras conocer su decisión de declararla ilegal.
El juicio se produjo en un clima de tensión en el que los políticos catalanes acusaron repetidamente al Estado español de querer judicializar un conflicto político.
"Si poner las urnas es delito y escuchar a la gente es un delito, mal vamos", afirmó Mas este 10 de febrero a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se celebra el juicio.
"Quiero volver a precisar que el objeto del juicio es esclarecer si los acusados siguieron organizando el 9N tras la prohibición del TC", insistió el representante del ministerio público.
Emilio Sánchez Ulled manifestó que "no se puede contraponer democracia y estado de derecho" y valoró que la celebración de la consulta soberanista tras la prohibición del TC fue un "desacato caprichoso y flagrante" en el que los acusados "sabían perfectamente lo que estaban haciendo"
"Se abrieron centros de enseñanza públicos, se usaron ordenadores públicos e incluso hubo carteles con el logo del Gobierno catalán", apuntó el representante del ministerio fiscal.
A modo de resumen, el Fiscal justificó su petición de condena asegurando que Mas es el "principal responsable de la organización de los actos", que la exvicepresidenta Ortega fue "el tronco nuclear" de esos actos, y que la exconsejera Rigau tuvo "materias determinadas en las que hacer su contribución".
