"Hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos hacer" afirmó tajante el político independentista en las horas previas al comienzo de su juicio.
Además del expresidente, en ese proceso serán juzgadas dos integrantes de su equipo de Gobierno, las exconsejeras Irene Rigau y Ana Ortega.
La Fiscalía solicita una pena de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para los tres políticos independentistas, además de una multa de 36.000 euros para Mas y de 30.000 para sus exconsejeras.
En la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que no contaba con reconocimiento alguno por parte del Estado español, participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
"No estamos dispuestos a aceptar que poner las urnas sea un delito", aseguró Mas este domingo antes de defender que Cataluña tiene "derecho a decidir su futuro político" a pesar de la "fuerte oposición del Gobierno español".
"Defendimos noblemente lo que buena parte del país nos pedía, canalizamos todo el movimiento ciudadano", apuntó Mas.
Ese movimiento, prosiguió el político catalán, era "un canto de libertad que tenía que ser respondido por las instituciones".
En cuanto a su implicación en el impulso de la consulta, Mas admitió ser "el máximo responsable político" dada su condición de presidente del Gobierno catalán en aquellos momentos.
"Sin los 42.000 voluntarios no se habría podido hacer por mucho que el Gobierno catalán lo hubiera querido", manifestó Mas.
Es decir, los exgobernantes catalanes mantienen que interrumpieron los preparativos del referéndum tras conocer la prohibición del Constitucional y que fue la sociedad civil quien hizo que la consulta finalmente saliera adelante sin la implicación del Gobierno.
