El Ministerio Público solicitó por consiguiente la apertura de un juicio oral contra Francesc Homs por un delito de desobediencia grave y otro de prevaricación administrativa.
Esos delitos son los mismos por los que serán juzgados el expresidente Gobierno catalán, Artur Mas y otras dos integrantes del Ejecutivo autonómico en 2014, bajo la acusación de haber permitido la preparación y celebración de la consulta pese a que el Tribunal Constitucional la había declarado ilegal.
Según el escrito de la Fiscalía, Homs "impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria" después de haber conocido la suspensión por parte del Tribunal Constitucional.
El escrito detalla que la labor de Homs como Consejero de la Presidencia del Ejecutivo catalán fue "crucial" para construir los programas informáticos que permitieron el desarrollo de la votación.
En ese proceso participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76 % votó a favor de la independencia de Cataluña.
El pasado mes de septiembre, en su declaración en sede judicial, Homs aseguró haber actuado en todo momento "de acuerdo con el mandato del Parlamento catalán" bajo "un marco legal comprometido en facilitar la participación ciudadana y la libertad de expresión".
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El actual presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, valoró a través de un mensaje en la red social Twitter que con la petición de inhabilitación de Homs por parte de la Fiscalía es "el Estado" quien queda "inhabilitado democráticamente".
