"Dado que el Gobierno se encuentra en funciones y no puede enviar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, se mandará un presupuesto prorrogado, sin cambios de política, que supone la continuación del Presupuesto y de las medidas adoptadas en 2016", explicó el Ejecutivo.
Según expuso en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, tendrá que ser el nuevo Gobierno "el que deba aprobar los presupuestos de 2017".
Esas nuevas cuentas deberán incluir unos ajustes estructurales del 0,5% del PIB (5.000 millones de euros) para que España sea capaz de cumplir con el objetivo de déficit, fijado en el 3,6% para ese año.
Entre los documentos que Madrid trasladará a la Comisión Europea se encuentran las medidas llevadas por las Comunidades Autónomas para ajustarse al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y las distintas decisiones tomadas por el Gobierno en funciones para contener el déficit, como su decisión de ejecutar el cierre presupuestario del año 2016 en el mes de julio.
Además, el Gobierno español remitirá a Bruselas los detalles del Real Decreto Ley por el que se modifica el Impuesto de Sociedades para aumentar la recaudación en unos 6.000 millones, una norma que ya está en vigor aunque por el momento no ha sido convalidada por el Legislativo.
De esta manera, España pretende satisfacer las exigencias presupuestarias de la Comisión Europea y evitar el congelamiento de fondos estructurales que las instituciones comunitarias contemplan llevar a cabo contra el país ibérico como castigo por el incumplimiento del déficit en el año 2015.
La vicepresidenta manifestó que el deseo del Ejecutivo, que ya lleva 300 días en funciones, es poder avanzar en las próximas semanas en las negociaciones con otros partidos para poder formar Gobierno a final de este mes y aprobar durante el mes de noviembre un nuevo techo de gasto.
