La Fiscalía pide para Artur Mas una multa de 36.000 euros y su inhabilitación para acceder a cargos públicos durante casi diez años por permitir durante su mandato que se sacaran las urnas a la calle en una consulta independentista declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
En ese proceso, que no tenía carácter vinculante ni contaba con ningún tipo de reconocimiento oficial, 2.3 millones de personas se movilizaron para votar.
"Si nos dan la razón en algún punto de este proceso judicial, habremos hecho un buen servicio a la democracia", destacó Mas, que subrayó el hecho de que "escuchar a la gente y poner urnas" se considere delito dentro de la legalidad española como un signo de baja calidad democrática.
Artur Mas anunció este martes que se declarará inocente y que, en caso de ser condenado, su inhabilitación quedaría sin efecto si Cataluña efectúa su desconexión jurídica con España.
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Además, el líder independentista explicó que estaría dispuesto a recurrir una hipotética condena al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para "dar batalla en todas las instancias".
