El Ministerio Fiscal envió un escrito de alegaciones al Tribunal Constitucional asegurando que el desempeño de Forcadell al frente del Parlamento "pudiera tener relevancia jurídico-penal, cuyo alcance se podrá determinar en la vía jurisdiccional competente".
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La Fiscalía también solicitó al Constitucional "una respuesta más intensa" para evitar que se produzcan acciones nuevas de desobediencia.
Además, el tribunal decidió iniciar trámites para abrir la posibilidad de la adopción de medidas por la vía penal a los responsables políticos de la aprobación de la resolución de independencia.
Entre los castigos que podrían encarar esos dirigentes catalanes se encuentran desde la imposición de multas hasta la suspensión de funciones e incluso la activación de la vía penal.
