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    Protestas en Barcelona (archivo)

    Dirigentes independentistas se muestran dispuestos a desacatar al Tribunal Constitucional

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    Proceso independentista catalán (2016) (89)
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    MADRID (Sputnik) — Varios dirigentes de partidos independentistas catalanes como ERC o la CUP se mostraron dispuestos a desacatar al Tribunal Constitucional después de que este órgano judicial suspendiera cautelarmente la resolución en la que el Parlamento catalán ordenaba la puesta en marcha del proceso de desconexión con España.

    "Lo más importante es que nosotros nos mantendremos fieles al Parlamento de Cataluña: si hay que desacatar, desacataremos", explicó Joan Tardá, diputado de ERC en el Congreso.

    El diputado republicano afirmó en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio que el Tribunal Constitucional "ha optado de forma desvergonzada por la vía autoritaria" que supone la "violencia judicial".

    En el mismo sentido se expresó Mireia Vehí, diputada de la CUP, fuerza independentista de izquierda radical que sostiene al Gobierno catalán de Junts Pel Sí, la coalición que engloba a Convergencia Democrática de Cataluña y ERC.

    "Pese a la suspensión, seguiremos con el despliegue del proceso constituyente y no acataremos la resolución del tribunal", anunció Vehí.

    Sobre la posibilidad de que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, se pueda enfrentar a un proceso penal tras haber sido denunciada por el Gobierno central, la también diputada de la CUP Anna Gabriel aseguró que eso supondría "un punto de no retorno" y obligaría a dar "una respuesta de país ante un hecho tan grave".

    A su vez, el presidente del Gobierno autonómico catalán, Carles Puigdemont, aseguró que solo le debe obediencia al Parlamento de Cataluña y por consiguiente desoirá al Tribunal Constitucional.

    "Obedeceremos, claro que sí, obedeceremos al Parlamento catalán, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero", anunció Puigdemont a través de la red social Twitter.

    El presidente catalán considera que para un demócrata "no es ningún sacrificio" obedecer a un Parlamento "escogido por los ciudadanos".

    "El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza", mantuvo.

    El 1 de agosto el Tribunal Constitucional admitió a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno de España contra la resolución del Parlamento Catalán, que el pasado 27 de julio aprobó las conclusiones de la comisión encargada de estudiar el proceso constituyente, cuya principal recomendación incidía en la necesidad de activar la vía unilateral de independencia.

    El Gobierno considera que la resolución del Parlamento catalán "vulnera radicalmente" la sentencia del TC del pasado 2 de diciembre de 2015 que anuló proceso de independencia emprendido por el Gobierno Cataluña.

    Además, el Ejecutivo entiende que el Parlamento catalán también vulneró con su decisión un auto del pasado 9 de julio en el que el TC advirtió que el deber de la cámara es "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos constitucionales".

    La admisión a trámite del incidente de ejecución también deja abierta la posibilidad, tal y como pedía el Gobierno, a que se abra una vía para castigar penalmente a la presidenta del Parlamento catalán por desacato al TC.

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    Ante los argumentos jurídicos del Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico catalán considera que su actuación se limita a dar respuesta al mandato popular obtenido en las urnas.

    En las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre, las fuerzas independentistas obtuvieron una mayoría de escaños en la cámara catalana.

    Los independentistas y algunos sectores no independentistas favorables al derecho a decidir piden que la cuestión catalana se resuelva con la celebración de un referéndum de independencia similar al que hubo hace unos años en Escocia.

    Sin embargo, el Gobierno conservador del Partido Popular y fuerzas de gran peso en el Congreso de los Diputados como Ciudadanos y PSOE se niegan a permitir su celebración.

    Ante la negativa del Gobierno central a celebrar un referéndum, el Gobierno catalán diseñó una hoja de ruta hacia la independencia por la vía unilateral.

    Hasta el momento, todas las decisiones del Parlamento catalán en el marco de esa hoja de ruta fueron llevadas por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones siempre se mostraron favorables a los motivos expuestos por el Ejecutivo nacional. 

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