"Vemos muchas sombras en este caso, hay contradicciones en la versión policial, por eso hemos pedido a la Fiscalía que inicie una investigación, queremos que se haga pública toda la información disponible sobre el caso", asegura David Fernández, portavoz de la Red Española de Inmigración y Política Local, en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
El pasado martes, en torno a las seis de la mañana (hora local), varios agentes de los Mossos d'Esquadra, la Policía catalana, irrumpieron en el piso donde residía Mor, el senegalés fallecido, de 50 años de edad.
Se trataba de una operación policial por delitos "contra la propiedad industrial", dado que el fallecido se dedicaba a la venta ambulante de música y películas.
El intendente de los Mossos d'Esquadra, Xavier Gámez, aseguró que Mor "intentó huir por el balcón" cuando escuchó el grito de "¡Policía!" durante la entrada de los agentes en su vivienda.
La versión policial afirma que, al intentar huir, sobrepasó la barandilla y se precipitó al vacío.
Sin embargo, Fernández asegura que "hay contradicciones" e incluso la familia de Sylla duda de esta versión, por lo que ha denunciado a la Policía en los juzgados.
"Dijeron que se cayó por el balcón cuando los agentes entraron al piso, pero horas después aseguraron que fue cuando entraron a la habitación, no tienen una versión oficial única", denuncia el portavoz de la organización.
Otra de las grandes "sombras" en la versión de la Policía catalana recae sobre la secretaria judicial, que es la encargada de acompañar a los Mossos en el momento en el que se produce este registro.
"En un primer momento, la Policía dijo que no podían 'ni confirmar ni desmentir' que la secretaria judicial estuviera presente, después, nuestra organización se puso en contacto con los Mossos a nivel autonómico y provincial y nos confirmaron que la secretaria judicial sí estaba presente en el registro", asegura Fernández.
Sin embargo, esta versión fue desmontada por varios medios de comunicación españoles, que publicaron que la secretaria judicial no estaba en el piso en el momento del registro, sino en la calle del edificio, por lo que no pudo ver con detalle lo ocurrido.
Ahora, la secretaria judicial tienen que levantar un acta pública donde explique lo sucedido en ese piso.
"Esta acta todavía no se ha hecho pública, por lo que no sabemos si corrobora la versión de los Mossos o defiende otra teoría sobre la muerte de Mor", apunta el portavoz.
Otro de los puntos clave es la existencia de grabaciones en vídeo.
"Las actuaciones policiales de este tipo suelen ser grabadas, sin embargo, la Policía no ha mencionado la existencia de ningún vídeo, no entendemos el motivo de que no se haya grabado, o, en caso de sí hacerlo, de que no se haya hecho público", asegura Fernández.
Ante estas múltiples contradicciones, la Red Española de Inmigración y Política Local no solo pide una investigación, sino que también quieren que el Consejero de Interior, Jordi Jané, comparezca en el Parlamento catalán para explicar todo lo ocurrido.
Jané ya ha formalizado una petición para comparecer y explicar los detalles de los que dispone sobre la muerte del vendedor ambulante.
Fernández insiste en la importancia de que "toda la información se haga pública" para "hacer justicia" y que "no se vuelvan a repetir casos similares".
"Éste es un caso muy grave, los colectivos de inmigrantes llevan denunciando esta discriminación durante mucho tiempo", afirma, por lo que "emplazamos a los partidos políticos a que lleven medidas en sus programas electorales para intentar mejorar la integración y evitar que se produzcan estas redadas".
Las protestas por esta muerte se han repetido desde el martes en Salou y otras ciudades como Barcelona, a las que esta tarde se unirá Madrid.
El lema de la convocatoria es "No más persecuciones racistas".
Picture of the late Mor Sylla, deceased Senegal national thrown from four storey building by Spanish police released pic.twitter.com/ckgvNsUY1X
— Alhagie Jobe (@freejobe39) August 13, 2015
Desde la entrada en vigor del nuevo código penal, el pasado 1 de julio, los vendedores ambulantes como Mor pueden ser detenidos, encarcelados o deportados a su país sin necesidad de ser parte de un "grupo organizado" que actúa contra la propiedad intelectual.
"La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores (falsificados) será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años", asegura la nueva norma penal.
Además, en el caso de los inmigrantes, pueden ser expuestos a que se le retire el permiso de residencia y ser expulsados del país, según la Ley de Extranjería.
