El diario El País afirma hoy que el "punto más controvertido" es el límite que "impone a la actuación de los tribunales españoles sobre exmandatarios extranjeros".
Actualmente, el duro recorte de la justicia universal de 2014 impide a los jueces investigar delitos de lesa humanidad y similares, salvo que el imputado "se encuentre en España" o "resida habitualmente en España".
"La nueva ley viene a señalar quiénes serán intocables incluso si están en territorio español", explica el diario.
El artículo 23 señala que "una vez finalizado su mandato, continuarán disfrutando de inmunidad penal únicamente en relación con los actos realizados durante su mandato en el ejercicio de sus funciones oficiales, con el alcance que determina el Derecho Internacional".
"En todo caso, quedarán excluidos de la inmunidad los crímenes de genocidio, desaparición forzada, guerra y lesa humanidad", aclara el artículo.
El Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial ya advirtieron de la necesidad de "evitar la impunidad" de los responsables de "crímenes internacionales especialmente graves" y consideraron insuficiente la referencia genérica al Derecho Internacional.
Otro punto crítico es la obligación de los magistrados de informar al Ministerio de Asuntos Exteriores de "todos los casos en los que se planteen cuestiones de inmunidad".
El Poder Judicial pregunta cuáles serían las consecuencias de incumplir este trámite, que se plantea como preceptivo pero no vincunlante.
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La ley se inspira en la Convención de la ONU de 2004 sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados, "que no ha entrado aún en vigor y es improbable que lo haga, ya que solo ha sido ratificada por 17 estados" recuerda el diario.
