Los directores de AI, Esteban Beltrán; de Greenpeace, Mario Rodríguez, y de Oxfam Intermón, José María Vera, denunciaron que la desigualdad crece y España ya es el segundo país más desigual de Europa, "con 760.000 personas sin ingresos".
En una nota de prensa, las organizaciones recuerdan que "detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 600.000 procesos de ejecución hipotecaria, dejando a muchas personas en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez".
Con motivo de las políticas de austeridad, "se ha retirado la tarjeta sanitaria a casi 750.000 personas cuando el derecho a la salud está reconocido en el artículo 43.1".
Por otra parte, "el derecho a un medio ambiente saludable está recogido en el artículo 45 y entre 2009 y 2015 la inversión en este ámbito ha sufrido un recorte del 56% en los Presupuestos Generales del Estado", relatan estas organizaciones.
"La Constitución no ha actuado como escudo protector ante algunas violaciones de los derechos humanos y eso debe cambiar: todos los seres humanos son iguales y deben tener las mismas garantías de protección", señaló Beltrán de Amnistía.
La creciente desigualdad en España y en la mayoría de países "es uno de los nuevos retos del planeta", dijo Vera, director de Oxfam.
La Constitución española "debe garantizar a las personas más vulnerables unos ingresos mínimos para vivir dignamente, incorporando el derecho a una renta básica", aseguró el activista.
También garantizar una política pública de cooperación para el desarrollo fuerte, "ya que con un recorte del 70% durante la crisis, esta se encuentra al borde del desmantelamiento y lejos no ya del objetivo internacional del 0,7% del PIB, sino de la media europea", denunció Vera.
Por tanto y conforme al Derecho Internacional, las tres organizaciones, cada una en su ámbito de trabajo y especialización, han lanzado esta campaña que exige una reforma de 24 disposiciones de la Constitución para que se garanticen los derechos humanos de los españoles.
