Las asociaciones profesionales denuncian que no está claro si informar de la celebración de una futura protesta puede considerarse difusión pública de este tipo de mensajes.
La nueva legislación también prohíbe el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de instalaciones protegidas.
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Asociaciones profesionales y fotógrafos temen que esta legislación complique mucho la documentación o la información sobre los abusos policiales.
Además, por primera vez, asociaciones profesionales de periodistas, sindicatos y la patronal del sector han firmado una declaración, en la que expresan su rechazo al artículo 520.1 del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las organizaciones muestran su inquietud ante una normativa que "conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española"
Y lamentan "el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes".
Esta indignación se suma a la de 60 catedráticos de Derecho Penal de 35 Universidades Públicas españolas que piden la derogación total de las "leyes mordaza".
Los expertos denuncian que las nuevas normas "beben política y criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas".
