Numerosas organizaciones, movimientos sociales, sindicatos policiales, asociaciones de juristas y partidos políticos se han pronunciado contra esta ley que supone el mayor retroceso en libertades públicas desde la dictadura.
Por todo el país había más de 30 manifestaciones convocadas, sin embargo, los organizadores de la plataforma "No somos delito" aseguraron a Sputnik Nóvosti que "no dejarán de protestar cuando entre en vigor la ley".
"La ley mordaza sanciona, prohíbe y criminaliza prácticas tan normalizadas en España como parar un desalojo o asistir a una persona sin papeles. Castiga la pobreza, la solidaridad y la protesta", denunció Irene de la Cuerda, activista del sindicato CGT y de "No somos delito" y encargada de leer el manifiesto.
La norma, impulsada en solitario por los conservadores del Partido Popular, recoge altas sanciones económicas por cuestiones como fotografiar a policías en manifestaciones sin permiso o protestar ante el Congreso, el Senado u otro organismo autonómico similar.
"Esta ley no nos va a callar, no pueden limitar nuestros derechos, seguiremos protestando", aseguró Jaime, un manifestante, en declaraciones a esta agencia.