La sentencia considera que la consulta ciudadana es, en realidad, un referéndum, por lo que el decreto canario vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía al invadir competencias que corresponden en exclusiva al Estado.
"¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?", era la pregunta que planteaba el Gobierno regional a sus conciudadanos en una convocatoria prevista para el pasado 23 de noviembre que finalmente no se celebró.
Desde el año pasado, el Alto Tribunal ha ido declarando inconstitucionales todas las convocatorias para consultar a la ciudadanía propuestas por las comunidades autónomas, alegando que es competencia del Gobierno central, como ocurrió en el caso catalán el pasado 9 de noviembre.
El Constitucional también ha prohibido todas las legislaciones aprobadas por los ejecutivos locales en materia energética, como las aprobadas por los parlamentos de Cantabria, La Rioja y Navarra respecto al 'fracking'.
El Alto Tribunal, sin embargo, ha dejado abierta la vía catalana que propone modificar la normativa urbanística para hacer inviable el método de la fractura hidráulica.
