La ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.
En caso de que el proceso continúe, la ejecución hipotecaria puede terminar con el temido lanzamiento, más conocido como desahucio o desalojo, en el que se expulsa de la vivienda a sus propietarios por no poder hacer frente a la deuda contraída.
En términos intertrimestrales, es decir, en comparación con el cuarto trimestre de 2014, las ejecuciones hipotecarias sólo bajaron un 0,2%.
Sin embargo, las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas aumentaron un 0,8% respecto al trimestre anterior.
Mas de ocho de cada diez ejecuciones hipotecarias afectan a viviendas usadas, según recoge el INE. En este caso, aumentaron un 0,6% respecto al trimestre anterior mientras que las ejecuciones en las viviendas nuevas cayeron un 36,6% en un año.
Según el Instituto de Estadística, la mayoría de las ejecuciones corresponden a hipotecas iniciadas en los años previos a la crisis. La mayoría, un 58,9% se concentra en los años 2005 y 2008.
La región más afectada por las ejecuciones hipotecarias es Andalucía, que lideró esta problemática en el primer trimestre con un total de 5.058, una cifra que contrasta con el País Vasco, con 70 ejecuciones.
A pesar de la ligera caída que refleja el INE, la cifra continúa siendo alta.
Los expertos señalan que estas cifras se debe a los problemas a los que se enfrentan las familias después de años de destrucción de empleo y por los altos índices de paro, el más elevado de la Unión Europea después de Grecia.
Parar los desahucios es el objetivo de muchas de las nuevas formaciones que han conseguido hacerse con grandes ciudades como Madrid o Barcelona, con las candidaturas ciudadanas encabezadas por Manuela Carmena y Ada Colau, o de partidos como Podemos.
