Los empleados, que llevan más de un año acampados frente al centro de Fuenlabrada (Madrid), recibieron con gritos de júbilo la noticia mientras permanecían concentrados ante el Alto Tribunal.
Los magistrados arguyen que la compañía vulneró el derecho de huelga de los trabajadores, ya que reemplazaron la producción que no se hizo por el paro con la de otras plantas embotelladoras.
La sentencia obliga a Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) a pagar todos los salarios y mantiene además lo resuelto por la Audiencia Nacional en el veredicto de junio del año pasado sobre la readmisión de los trabajadores.
La sentencia de la Audiencia, ratificada hoy por el Supremo, destacaba el "completo y manifiesto incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y negociación en el supuesto cambio de titularidad de la empresa", por lo que Coca-Cola no podía iniciar un despido colectivo por no ser un grupo empresarial a efectos laborales.
Además, acusó a la firma de no cumplir "con una mínima exigencia de buena fe negocial".
Y advierte que "la compañía acatará y cumplirá con la legalidad como ha hecho siempre. Cuando reciba oficialmente la sentencia, Iberian Partners estudiará en detalle la forma de ejecutarla sin alterar el proyecto de futuro de la compañía que es ya una realidad".
Los 300 trabajadores que siguen en lucha frente a su centro de trabajo en Fuenlabrada exigen la reapertura del local, que la empresa casi ha desmantelado, para reincorporarse a sus puestos tal como corroboró hoy el Supremo.
