"Estas personas no son reducibles a objetos que se pueden devolver 'al remitente' negándoles la palabra", dice el estudio, firmado por 15 catedráticos y expertos en Derecho Penal y Constitucional, titulado "Rechazos en frontera ¿Fronteras sin derechos?".
El demoledor informe se centra en los episodios que se han producido estos últimos meses en Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África.
La reforma, aprobada el pasado 26 de marzo con los únicos votos del Partido Popular, "no da cobertura jurídica a las devoluciones sumarias de ciudadanos extranjeros interceptados cruzando las vallas perimetrales de Ceuta y Melilla y esta práctica sigue siendo radicalmente ilegal también a la luz de la nueva regulación y puede dar lugar a responsabilidades penales y disciplinarias".
"Tratar a seres humanos como auténticos fardos, negando por principio la posibilidad de que puedan hacer la más mínima alegación a las autoridades españolas, una vez son objeto de la intervención policial y más allá de la concreta ubicación en que esta se produzca, constituye no sólo una práctica inmoral sino también antijurídica", afirman los expertos.
La legalización de esta práctica "omite aspectos esenciales de cualquier procedimiento mínimamente garantista", "amenaza la preservación de los Derechos Humanos", "multiplica el riesgo de una anestesia moral colectiva", aumenta el riesgo "de que se baje el listón ético de nuestra sociedad" y supone una "falta de sensibilidad humana y de rigor jurídico" que "nos aproxima a la barbarie".
El documento, firmado por dos magistrados eméritos del Tribunal Constitucional, recuerda que España ha asumido diferentes tratados nacionales e internacionales en los que reconoce que el emigrante tiene derecho a ser escuchado y a contar con un abogado y un intérprete.
También España tiene la obligación de identificarlo individualmente y dictar una "resolución administrativa individualizada debidamente motivada" que se incluya que el inmigrante tiene la posibilidad de recurrir.
El estudio es tajante al decir que "con carácter previo a cualquier entrega deben despejarse las dudas que puedan subsistir en relación con el concreto trato que va a ser dispensado a los ciudadanos extranjeros entregados a las autoridades marroquíes".
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) ha denunciado que España expulsa sumariamente a los inmigrantes que llegan a los peñones de soberanía española, incluso cuando hay solicitantes de asilo.
El documento también hace referencia el Comité para la Prevención de la Tortura de la Unión al señalar que "teniendo en cuenta el riesgo de malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas marroquíes a los migrantes irregulares devueltos a Marruecos, la CPT recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna persona es entregada a ellos".
