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    Greenpeace protesta en España contra la ley mordaza

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    Greenpeace mostró este jueves su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como "Ley Mordaza", que será aprobada hoy por el Congreso de los Diputados español gracias a la mayoría absoluta de los conservadores y con toda la oposición en contra.

    La organización ecologista hizo una performance con varios activistas en la que simulaban estar amordazados frente al Parlamento exhibiendo pancartas en las que se podía leer "No a las leyes mordaza". 

     

    Las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos de la oposición consideran que la nueva normativa limita varios derechos fundamentales, como es el caso del derecho a manifestación y reunión, y un ataque contra las libertades individuales.

    Protesta de Greenpeace en España contra la Ley Mordaza
    Protesta de Greenpeace en España contra la "Ley Mordaza"

    "El Partido Popular y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se han mostrado sordos ante el unánime rechazo social y político por las graves repercusiones sobre algunos derechos fundamentales que tendrán la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal", señala Greenpeace en un comunicado.

    La organización ecologista alerta de que la presunción de inocencia "ha muerto" y el "principio de veracidad" de las fuerzas del orden público traerán un nuevo contexto de consecuencias desconocidas.

    Otras organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también expresaron su preocupación.

    "Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", aseguraron en un comunicado los relatores espaciales de la ONU Maina Kiai, David Kaye, Ben Emmerson, François Crépeau y Michel Forst.

    AI también denunció en declaraciones a Sputnik Nóvosti que la Ley de Seguridad Ciudadana "no protege el derecho a la protesta, sino que castiga la disconformidad".

    La nueva ley prevé sanciones de hasta 600.000 euros para infracciones muy graves, como participar en "reuniones o manifestaciones, no comunicadas, en instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones".

    Eso significa que una protesta frente a un hospital o un campus universitario estará prohibida si no se comunica previamente, y en zonas próximas al Congreso de los Diputados, Senado o Parlamentos regionales no estará permitida.

    Además, los periodistas cada vez tendrán mayores dificultades para grabar abusos por parte de la policía, especialmente en reuniones y manifestaciones, según denuncia AI.

    "Se enfrentan a una labor arriesgada y muchas veces incluso les confiscan el material", aseguró María Serrano, responsable y portavoz de AI para la política interior, en declaraciones a esta agencia.

    Con esta ley, continúa, "la policía estará mucho más amparada para hacer esto y el periodista estará totalmente desprotegido, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre van a contar con la presunción de veracidad".

    Otro de los aspectos más criticados de esta norma es la legalización de las llamadas "devoluciones en caliente".

    Éstas consisten en que, a pesar de que el inmigrante ya ha pisado suelo español, son entregados a las autoridades marroquíes sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África.

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