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La piratería digital sigue batiendo récords en España

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El 60% de los contenidos digitales consumidos en España el año pasado fue pirata, según los datos hechos públicos hoy por el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales de 2014.

La encuesta se realiza a instancias de la Coalición de Creadores, que representa a parte del sector cultural y del entretenimiento en España.

Según revela el estudio, que incluye por primera vez las series de televisión y la retransmisión de los partidos de fútbol, el 38% de los españoles piratea películas; el 26% series; el 24% música; el 18% fútbol; el 11% videojuegos y el 11% libros.

El consumo ilegal sigue subiendo, ya que pasó del 51% del año pasado al 58% de 2015.

La directora de la Coalición de Creadores, Carlota Navarrete, destacó tras la presentación del estudio “la urgente necesidad de aplicar con el máximo rigor la legislación recién modificada”.

La nueva ley de Propiedad Intelectual, que fue aprobada en octubre, sanciona con multas de hasta 600.000 euros a los responsables de páginas web con “contenidos declarados infractores” que no los retiren.

Este consumo ilegal impidió crear cerca de 30.000 puestos de trabajo directo, mientras que las arcas del estado dejaron de ingresar unos 630 millones de euros, según el análisis del Observatorio.

En 2014, se accedió de forma ilegal a 4.455 millones de contenidos digitales con un valor de 23.365 millones de euros en el mercado.

Uno de cada dos consumidores “ilegales” alega que “ya pago mi conexión a internet”; otros argumentos son la “rapidez y facilidad de acceso”, el 46%; “no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste”, el 39%; “no estoy haciendo daño a nadie” el 19%; y “no hay consecuencias legales para el que piratea, no pasa nada”, el 19%.

Nueve de cada diez accesos a contenidos ilegales se hacen en el buscador de Google.

El estudio señala que, a juicio de los consumidores, las medidas para frenar este tipo de infracciones sería sancionar tanto a las operadoras como a los proveedores de acceso a internet y a los propios consumidores que infringen la ley.

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