España no sale muy bien parada de esta valoración, con duras críticas sobre las nuevas legislaciones que ponen en "riesgo" derechos básicos como el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.
"Ha sido un mal año en materia de derechos humanos", señala María Serrano, responsable y portavoz de Amnistía Internacional en política interior, en declaraciones a Sputnik Nóvosti
"En 2014 se ha retrocedido. En Amnistía hemos comprobado como se han creado medidas para combatir la protesta social, legislaciones que pueden tener un impacto en el ejercicio de la libertad de reunión pacífica o de la libertad de expresión", señala.
Algunas de las normas que están en el punto de mira son el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Mordaza", según explica la responsable de la organización a esta agencia.
"Durante el año, cientos de personas fueron detenidas y multadas por participar en manifestaciones espontáneas y en gran medida pacíficas de más de 20 personas. La ley que regula el derecho a la libertad de reunión no reconoce el derecho a celebrar manifestaciones espontáneas", señala la organización en su informe sobre España.
A finales de 2014, hasta donde alcanza el informe, continuaban debatiéndose en el Parlamento español los proyectos de ley destinados a reformar tanto el Código Penal como la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que, de aprobarse, "impondrían aún más restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y reunión", señala Amnistía.
Esta norma, conocida en España como Ley Mordaza por sus restricciones establecerá, si se aprueba, 21 delitos nuevos, entre ellos la difusión no autorizada de imágenes de policías.
"Las infracciones que más nos inquietan, que pueden ser motivo de sanción, es la limitación de la posibilidad de grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones. Se sancionarán la difusión de imágenes o datos no autorizados de las fuerzas de seguridad, incluidas las realizadas por profesionales. Por lo tanto, los abusos policiales quedarán casi impunes", señala la responsable de Amnistía Internacional.
También permitiría imponer multas a los organizadores de protestas espontáneas pacíficas y a las personas que muestren falta de respeto con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
"Esta norma no sólo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones en las cercanías del Congreso y el Senado, o las limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad", recalca el informe.
Inmigración
Amnistía se refiere también en su informe a las miles de personas migrantes, entre las que había solicitantes de asilo y refugiados, que intentaron entrar de manera irregular en los enclaves españoles de Ceuta y desde Marruecos. Entre ellas, había personas que habían huido de Siria. Sin embargo persisten las expulsiones ilegales y el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de fronteras españoles, según la organización.
Amnistía denuncia el uso excesivo de la fuerza y el intento por parte del Partido Popular de legalizar las expulsiones sumarias a Marruecos desdeCeuta y Melilla, conocidas como "devoluciones en caliente", sin dar la oportunidad a los migrantes de solicitar asilo o exponer su situación.
Esta práctica, que hasta el momento es ilegal, fue muy criticada por diversos organismos europeos e internacionales, incluida la ONU.
"Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo", asegura Serrano a esta agencia.
"Las consecuencias pueden ser muy graves. Estas personas son devueltas a países donde pueden correr peligro dado que no se analiza su situación personal", alerta Serrano. "Las autoridades españolas no han escuchado los llamamientos de Europa y de cientos de organizaciones que piden detener esta vulneración de derechos humanos".
La restricción del derecho al aborto es otro de los temas que más preocupa a la organización. El Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy reafirmó su intención de reformar la legislación vigente y exigir el consentimiento de los progenitores a las jóvenes de entre 16 y 18 años que quisieran acceder a un aborto legal.
Muchas organizaciones se han posicionado en contra de este cambio porque pone en peligro la situación de las menores en caso de violencia doméstica.
Otro de los puntos que destaca el informe es la falta de verdad y justicia sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
"Las autoridades españolas no prestaron asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejercía la jurisdicción universal para investigar delitos de derecho internacional cometidos durante el periodo franquista", señala el informe.
Ante esta situación, la organización considera que España ha tenido "un mal año" en materia de derechos humanos. La tendencia del Gobierno conservador español es la de "recortar la libertad de expresión y de reunión" mediante las normas aprobadas y "vulnerar los derechos de los migrantes" en Ceuta y Melilla.
