El juez Eloy Velasco estima que la petición de la Asociación pro Derechos Humanos España (APDHE) no es viable porque en los procesos de extradición las partes son el Estado y no los particulares.
Por tanto, la Audiencia archiva esta causa, pero sigue abierta la causa general por lo que no se descarta que estas detenciones se produzcan a medida que avance la investigación.
La asociación, integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), alegó el "incumplimiento grave" por parte de la Policía española de la legislación actual y la "omisión escandalosa y disconforme a derecho" del Ministerio del Interior al no poner a disposición judicial a los requeridos por la jueza argentina.
"Dichas autoridades no solo incumplen con su obligación de poner a disposición judicial a los requeridos por el juzgado argentino, sino que remiten las órdenes de detención a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órgano ajeno e incompetente para tramitar y ejecutar las citadas órdenes por cuanto que su actuación se produciría una vez que los imputados fueran puestos a disposición judicial", denuncian.
Entre los requeridos se encuentran siete exministros, entre los que están Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia con el PP. También estarían implicados dos jueces, ocho policías, un abogado y hasta un ginecólogo.
Se les acusa de delitos de homicidio, secuestro, tortura e incluso de la sustracción de un bebé recién nacido.
"Son crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal", explicó la jueza Servini en el auto.
