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    Amnistía Internacional denuncia que España no adopta las recomendaciones sobre tortura

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    España sigue sin adoptar las recomendaciones de organismos internacionales en materia de tortura y malos tratos policiales, según denuncia María Serrano, responsable y portavoz de Amnistía Internacional en política interior, en declaraciones a Sputnik Nóvosti.

    "Ningún Gobierno en España ha puesto en marcha medidas efectivas para investigar las denuncias sobre tortura y malos tratos policiales ni para reparar a las víctimas, a pesar de los reiterados llamamientos de mecanismos internacionales", señala la portavoz de la ONG.

    El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en seis ocasiones por no investigar suficientemente denuncias por torturas o malos tratos en instancias policiales.

    El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura también reprendió a las autoridades españolas por no investigar estas denuncias.

    En los últimos diez años se han registrado hasta 6.621 denuncias por tortura o malos tratos policiales, según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, sólo se investigaron 752 casos y la mayoría fueron juzgados como una falta y no como delito.

    "La justicia en estas ocasiones sólo viene de Europa, en escasas ocasiones se hace justicia por delitos de tortura en España", señala Serrano.

    "El Tribunal Constitucional es el único organismo español que en los últimos años sí ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para señalar que cuando hay una alegación de tortura, hay que investigar, no basta con desestimar los hechos", prosigue la portavoz.

    Según Amnistía Internacional, hay tres perfiles claros de víctimas de torturas o malos tratos policiales.

    Por una parte están las torturas en el marco del terrorismo. Además de las físicas, hay una psicológica muy importante, que es el régimen de incomunicación.

    "Este régimen permite que las personas estén detenidas hasta un máximo de 13 días sin posibilidad de tener un abogado de su elección o un médico independiente. Este régimen propicia la tortura", alerta la portavoz de Amnistía Internacional.

    La organización ha hecho varios llamamientos a las autoridades españolas para que eliminen este régimen de incomunicación, sin éxito hasta el momento.

    El segundo perfil es el de migrantes en centros de internamiento. "Hay muchas alegaciones por malos tratos en personas que se encuentran en esta situación. Desde Amnistía seguimos pidiendo cosas tan básicas como el acceso de los médicos o la instalación de cámaras, que es una de las medidas que pide Naciones Unidas", señala la responsable de política interior.

    Un tercer perfil son los malos tratos en el contexto de reuniones y manifestaciones. "En este caso nos encontramos con agresiones policiales que se pueden documentar gracias a grabaciones o imágenes que proporcionan periodistas y ciudadanos. En este caso tampoco son investigadas o se archiva la causa porque el juez, a pesar de que reconoce que hubo agresión, no puede identificar al policía", afirma Serrano.

    La portavoz de Amnistía Internacional pone de ejemplo uno de los casos más conocidos y denunciados por la organización. Es el de Rodrigo Lanza, uno de "protagonistas" de "Ciutat Morta", un documental que conmocionó Barcelona por las denuncias de torturas policiales en la capital catalana.

    "En el caso de Lanza, a pesar de los rasgos físicos de tortura, no hubo investigaciones. Además, Amnistía Internacional constató en 2007 los defectuosos informes de los médicos forenses y la escasa investigación de los jueces. En este caso Amnistía comprobó que no hubo un juicio justo", asegura la experta.

    España debe adoptarse a las reglas europeas

    AI defiende un mensaje claro y contundente: España debe cambiar en materia de torturas y malos tratos policiales y adaptarse más a la normativa europea.

    "Debe abolirse con urgencia el régimen de incomunicación, que propicia el riesgo de tortura, y reformar el Código Penal para que la tortura esté adecuadamente tipificada, que hoy no lo está", señala Serrano.

    "Ahora mismo si los agentes que actúan con el consentimiento del Estado cometen tortura, no se llama tortura. Hay muchas lagunas legales como esta que ocasionan impunidad", recalca.

    Por otro lado, destaca otra serie de medidas más prácticas que dependen también de la voluntad política.

    Primero, crear un registro de casos, de alegaciones y, segundo, instalar cámaras en dependencias donde la gente está bajo custodia, como comisarías o centros de internamiento, señala la experta en declaraciones a esta agencia, reiterando que es una obligación de la normativa europea.

    Finalmente, destaca como otro cambio fundamental, la formación de los médicos y jueces para detectar casos de torturas.

    "Existe un protocolo, que es el protocolo de Estambul, que está diseñado a nivel médico para detectar los indicios de tortura psicológica y física. Gran parte de las veces no se aplica y se hacen malos informes médicos que no reflejan la realidad, como el caso de Rodrigo Lanza", señala Serrano.

    Respecto a los jueces, la portavoz pide una mayor "sensibilidad" y que "cumplan con la obligación de investigar todas las torturas".

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