El fichaje del número 11 del Barça habría ascendido, según la acusación pública, a 94.892.181,29 euros, que saldrían de los 82.743.485 euros de la contratación, y los 12.148.696,29 euros en impuestos que nunca se llegaron a pagar.
La contratación se cerró en el verano de 2013, tras meses de negociaciones. El entonces presidente del Baclub, Sandro Rosell, aseguró que la operación se había cerrado con 57 millones de euros.
La Fiscalía solicita a la Audiencia Nacional que concluya la investigación que afecta a Rosell y al propio club por su responsabilidad en los hechos como persona jurídica por los presuntos fraudes contra la Hacienda Pública cometidos en 2011 y 2013 y que ascenderían a 9,3 millones de euros.
Paralelamente, la Fiscalía pide abrir un caso aparte con el actual presidente del Barça ya que la supuesta infracción se cometió en 2014.
Según el duro informe remitido por la Agencia Tributaria a la Fiscalía, el Barça no pagó los 2,6 millones de euros de los cinco millones que se derivan "del contrato de reconocimiento de incumplimiento del contrato de 2011 por el FCB, firmado en Barcelona el 3 de junio de 2013".
En ese contrato, la dirección admitía la obligación de pago a Neymar de 40 millones de euros. A la transacción se le añadió, dos meses después, una modificación de la fecha de pago, "estableciéndose cómo último pago esos 5 millones el 30 de enero de 2014".
Para la Fiscalía, el Barça estaba obligado en 2014 a "practicar la retención a cuenta por el IRPF, pues el jugador ya es residente fiscal en España en ese año", pero no hizo la retención de 2,6 millones.
Según Hacienda, el Barça tampoco pagó 234.000 euros de los 900.000 por temporada derivados de los contratos de imagen y otros 11.700 euros por los 22.500 que según el contrato de representación debe abonar el club al agente de Neymar, que es su padre.
