06:23 GMT +324 Octubre 2018
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    Paulino Rivero se reúne con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.

    Achacan a presiones políticas la dimisión del Fiscal General de España

    © Flickr/ Presidencia Gobcan
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    La Justicia española unió hoy sus voces para denunciar injerencias políticas que sufren en su trabajo, tras la inesperada dimisión presentada esta mañana por una de las máximas autoridades judiciales del país.

    El Fiscal General del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, en un escueto comunicado, presentó su dimisión por "motivos personales".

    En los últimos meses, el Fiscal General tuvo serios enfrentamientos con el Gobierno conservador de Mariano Rajoy.

    Algunos de los más destacados fueron con motivo de la consulta independentista en Cataluña, por los casos de corrupción que azotan al partido del Gobierno, el Partido Popular (PP), y por la imputación de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI. 

    La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial achacó su dimisión a las presiones políticas: "Rechazamos de manera rotunda las presiones ejercidas por el Gobierno de la Nación y por gran parte de la actual clase política española sobre la Administración de Justicia", dice en un comunicado.

    La clase dirigente "sólo concibe la Justicia como un instrumento a manipular en pos de sus intereses particulares", dijeron, tras afirmar que Torres-Dulce fue "el mejor Fiscal General del Estado de las últimas legislaturas".

    Para Jueces para la Democracia la renuncia del Fiscal General "es un síntoma más de las interferencias del poder político y de la falta de respeto por la división de poderes del Estado de derecho al no dejar actuar con autonomía al Ministerio Fiscal".

    El Foro Judicial Independiente se quejó de que los políticos "se han arrogado el derecho de influir en decisiones judiciales y no toleran que la Fiscalía no se sujete a sus instrucciones".

    Hoy mismo, la mayoría de los jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo exigieron que se actúe contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien les acusó de "prevaricación" tras tachar de "lamentables" las excarcelaciones de varios sangrientos terroristas de la organización independentistas del País Vasco ETA.

    Los magistrados tomaron esa decisión tras aplicar las normas marcadas por el Consejo de Europa de 2008 que permite acumular las penas cumplidas en cárceles de la Unión Europea.

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    Eduardo Torres-Dulce, Cristina de Borbón, España