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    Ley mordaza (31)
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    La mayoría absoluta del conservador Partido Popular del presidente Mariano Rajoy aprobó hoy la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "ley mordaza".

    Todas las fuerzas de la oposición rechazaron una legislación que consideran represiva y una "aberración jurídica".

    Para los socialistas, esta normativa "es una vuelta al estado policial y no es necesaria". "Con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial".

    Todos los partidos de la oposición prometieron derogarla en cuanto se logre un nuevo juego de mayorías en el Congreso, un deseo que, por ahora, corroboran todos los sondeos electorales.

    La ley, una vez pasado el trámite del Senado, entrará en vigor en enero de 2015.

    La nueva legislación está orientada principalmente a las protestas y manifestaciones. Una concentración no autorizada o malas conductas en las mismas tendrá como consecuencia una multa que puede alcanzar los 600.000 euros en casos límites.

    La ley considera delito el escrache o acoso a los políticos e intentar paralizar el desalojo de una vivienda.

    Esta ley también legaliza las llamadas "devoluciones en caliente", que consisten en que, a pesar de que el inmigrante ya ha pisado suelo español, son entregados a las autoridades marroquíes sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla, las dos ciudades españoles en el norte de África, en la frontera con Marruecos.

    En los pasillos del Congreso, el ministro del Interior, Jorge Fernández Diez, se defendió alegando que "si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía".

    "Que digan a cuántas personas están dispuestos a acoger y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones" alegó.

    En un acalorado debate donde los diputados de Izquierda Plural se colocaron una mordaza en la boca, la diputada Uxue Barkos exigió el Ejecutivo que escuche "a la sociedad y a la Unión Europea".

    El comisario de Derechos Humanos de la UE afirmó recientemente que "España pretende hacer legal lo ilegal", tal como recordó la diputada navarra.

    Para el valenciano Joan Baldoví "se pretende domesticar manifestaciones con una ley injusta".

    La nacionalista gallega Rosana Pérez denunció que "se institucionaliza la represión y se da una vuelta de tuerca para atemorizar a los ciudadanos en un Estado policial".

    Y el republicano catalán Joan Tardà (ERC) alertó contra la "locura política y ataque endemoniado a las libertades, dando barra libre a la policía". Para los vascos radicales, "el Gobierno quiere aplicar la ley de la calle es mía".

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