El Congreso español aprueba hoy, únicamente con los votos de los conservadores del Partido Popular, que tienen mayoría absoluta, la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada "ley mordaza".
Todos los partidos de la oposición se han mostrado en contra de esta norma que reducirá, entre otros, el derecho de manifestación con multas que pueden superar los 30.000 euros.
"Esta ley va afectar de forma directa a los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos y libertades, puesto que va a suponer una limitación muy grande a los derechos que consagra la Constitución española", explica a Sputnik Nóvosti Ricardo Sixto, diputado y portavoz del partido Izquierda Unida en la Comisión de Interior del Parlamento español.
"Esta ley va a establecer una serie de multas, en algunas ocasiones muy cuantiosas, que van a ser impuestas por la administración en lugar de por los jueces. Además, van a ser puestas sin las suficientes garantías puesto que en lugar de ser el Estado quien demuestra la culpabilidad de la persona, va a tener que ser la persona la que demuestre su inocencia ante la acusación de la administración pública", señala el diputado.
"Las mayores infracciones serán cosas que sí que podrían implicar gravedad, como puede ser la alteración del funcionamiento de infraestructuras básicas. Sin embargo, en su aplicación se puede llevar a cabo la limitación de libertades fundamentales como la sindical o el derecho de huelga. ¿En qué situación quedan los trabajadores de una infraestructura básica que quieren ejercer el derecho a huelga?", se pregunta Sixto.
El parlamentario asegura a Sputnik que hay determinadas consecuencias de los artículos que incluye esta ley, "que no han sido calculadas, o si han sido calculadoas tienen un efecto muy perverso por parte del Gobierno conservador de Mariano Rajoy".
Paralizar un desahucio o fotografiar a un antidisturbios será multado
"Esta ley producirá choques con derechos fundamentales", alerta Sixto.
"Fotografiar a un antidisturbio pegando a un manifestante forma parte del derecho a la información y esta ley lo impedirá. Cualquier ciudadano debería tener la libertad de grabar lo que está ocurriendo como propia defensa cuando la policía realiza una actuación desmesurada en una protesta", afirma.
La nueva ley también penalizará a todo ciudadano que intente evitar un desahucio o desalojo de una vivienda, como ocurre en numerosas ocasiones.
"Cuando el PP comenzó a elaborar esta ley era un momento de mucha conflictividad social, de muchas manifestaciones, pero no hubo una perturbación del orden público en ningún momento. Por este motivo creo que el Partido Popular se ha inventado la necesidad de esta legislación. Se ha inventado la existencia de un problema de seguridad ciudadana que no es tal", estima el portavoz de Izquierda Unida a Sputnik Nóvosti.
Estos últimos meses, según el diputado, "ha disminuido la movilización ciudadana, se ha producido un apaciguamiento de la situación social. En lugar de detener la tramitación de esta ley, el Gobierno la ha aseverado y la aprueba en un momento en el que hay menos protestas".
"Mi partido entiende que la aprobación de esta ley es una resurrección de la Ley franquista de Orden Público del año 1959. Se trata de la creación de un auténtico código penal administrativo que deja en manos del Ministerio del Interior la imposición de multas a la ciudadanía, definitivamente esto es un regreso al pasado, la vuelta a la dictadura franquista", protesta el diputado.
Legalizar las "devoluciones en caliente"
Esta norma también legaliza las llamadas "devoluciones en caliente", que consisten en que, a pesar de que el inmigrante ya ha pisado suelo español, son entregados a las autoridades marroquíes sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla, las dos ciudades españoles en el norte de África, en la frontera con Marruecos.
"Esta ley nos dejará a un nivel terrible dentro de Europa. La enmienda que pretende legalizar las devoluciones en caliente ha sido muy criticada por los comisarios europeos de inmigración, el anterior y el actual, por el comisario europeo de derechos humanos, por instancias internacionales, por el defensor del pueblo o por más de 120 ONGs. Es una enmienda criticada por todas las instancias, sólo defendida por el Gobierno de Rajoy", sentencia el diputado.
