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    Toda España avanza en el proceso de desconfinamiento (185)
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    Una investigación secreta sobre la supuesta responsabilidad del Gobierno en la propagación del coronavirus, la destitución de un alto cargo de la Guardia Civil y la imputación del delegado del Gobierno en Madrid agudiza la ya crispada coyuntura política española.

    Desde la investidura del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que hará todo lo que pueda para que esta legislatura dure lo menos posible. "Nos vemos en las calles y en los tribunales" amenazó Casado al presidente Pedro Sánchez el 4 de enero de este año. Hoy, su promesa es toda una realidad.

    El pasado 25 de mayo se desató una tormenta política cuando el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó "por pérdida de confianza" al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil de Madrid. Pérez de los Cobos tenía bajo su mando una unidad de la Policía Judicial que se encargó de hacer una investigación secreta, solicitada por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, sobre la autorización gubernamental de actos multitudinarios días antes de decretarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

    ​​El informe, que llegó a manos de la magistrada el pasado jueves, 21 de mayo, sostiene que el Gobierno desobedeció alertas sanitarias y permitió, por motivos políticos, la marcha de mujeres del 8 de marzo, que según ellos y según Vox y el PP, provocó una mayor propagación del coronavirus.

    ​Si bien diversos expertos sanitarios coinciden en que la posible incidencia de la marcha de mujeres en la propagación del virus fue marginal, y medios como eldiario.es y El País han revelado que el informe de la Guardia Civil está lleno de mentiras, errores, imprecisiones y de testimonios manipulados, el escándalo ha ido en aumento y a la destitución de Pérez de los Cobos se suma la renuncia del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña y la imputación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, (PSOE) por presunta prevaricación.

    ​Desde el PP y Vox aplauden esta investigación y condenan la destitución del coronel. Analistas y miembros de los partidos del Gobierno alertan que podría estar en curso un golpe judicial.

    ​​Sobre este tema Sputnik conversa con Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Juezas y jueces para la Democracia.

    —Algunos denuncian que se desató la guerra judicial contra el Gobierno y otros lo ven como un acto apegado a la ley. ¿Cómo lo ven ustedes?

    —Aquí la cuestión está en que se hace una investigación contra el Gobierno y que las funciones de la Policía Judicial tienen un deber de reserva y confidencialidad de los datos que tengan de la investigación y que no pueden ser removidos por sus superiores durante la tramitación de la causa, pero esto no afecta a sus superiores jerárquicos que sí pueden ser removidos por el Gobierno, por el ministro. Yo no creo que se haya producido una quiebra de la confianza entre el Poder Judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad, como tampoco creo que este cese vaya a afectar de modo alguno la independencia judicial.

    —¿Cometió algún delito el ministro de Justicia al destituir al coronel Pérez de los Cobos?

    —Es que hay unas versiones contradictorias entre lo que dice el cesado y lo que dice el ministro. Es importante que se esclarezcan, saber efectivamente qué es lo que ha pasado, pero lo que sí es un dato objetivo incuestionable es que el señor de los Cobos es, por un lado, un cargo de confianza que puede ser removido en cualquier momento y, por otro lado, es verdad, que su unidad es donde se están investigando estos hechos que pudieran perjudicar al Gobierno.

    —Varios expertos coinciden en que la manifestación del 8M tuvo poca incidencia en la propagación del virus. ¿Por qué cree que en esta investigación se pone en la diana la marcha feminista del 8 de marzo?

    —No lo sé. Lo que sí es verdad es que llevamos desde el principio poniendo en el punto de mira las manifestaciones del 8 de marzo cuando realmente ha habido otro tipo de concentraciones durante los días previos, simultáneos y posteriores a esa marcha. Además, hay que recordar que hasta ese momento lo único que existían eran recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias de tener precaución, pero en ningún caso había instrucciones de que no se celebraran ningún tipo de concentración.

    —Equipos periodísticos de España, como eldiario.es o El País, han revelado que el informe de la Guardia Civil que se le presentó a la magistrada es un informe lleno de mentiras, medias verdades, con testimonios manipulados. ¿Qué recorrido, qué alcance jurídico podría tener una investigación basada en un informe tan cuestionado?

    —Ahora mismo es difícil poder preverlo, pero, en principio, creo que puede tener poco recorrido si fuera por ese informe. ​Lo que pasa es que la jueza de instrucción deberá tener en cuenta otros tipos de informes, testificales. Una instrucción judicial no se basa solo en un informe, además un informe que estamos viendo que está repleto de algunos errores graves, pero insisto, hay más diligencias de investigación que debe practicar la instructora para ver, efectivamente, hasta dónde se puede llegar.  

    —Antes de que estallara el coronavirus muchos se preparaban para la batalla judicial. Desde el primer debate de investidura, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, amenazó al Gobierno con llevarlo a la justicia, dijo que se verían "en las calles y en los tribunales". ¿Por qué Vox y el PP se sienten tan cómodos recurriendo a los tribunales?

    —Se ha tratado a este Gobierno, desde el minuto cero, de ser un Gobierno ilegítimo. Ahora se le trata de criminalizar con los contagios, por ser el agente transmisor de contagios, por las muertes que se han producido e incluso de atentar contra la Constitución. Bueno, esto es una tendencia que hay en España en los últimos tiempos de judicializar la política. Lo que no se consigue en el Parlamento, tratan de conseguirlo en los tribunales de justicia.

    —¿Y qué riesgos se corren cuando se intenta judicializar la política?

    —Evidentemente que el protagonismo recae en los tribunales de justicia y no en los actores políticos. Eso trastoca el funcionamiento del Estado de Derecho. Los tribunales de justicia lo que tienen que hacer es resolver, conforme a un ordenamiento jurídico, si hay una infracción o no, pero hay cosas que son de naturaleza política y la sede propia debe ser el Parlamento o incluso la sociedad, pero que no sean los tribunales de justicia ni los jueces los que tengan que dirimir esas batallas políticas.

     —El Consejo General del Poder Judicial está funcionando con cargos vencidos desde diciembre de 2018. El PP se niega a votar para renovarlos. ¿Se ha vuelto el judicial un poder incontrolable en este país?

    —Yo creo que una cosa es el Gobierno de los jueces, que es el CGPJ, y otra cosa son todos y cada uno de los jueces de este país.

    En el caso del Gobierno de los jueces es evidente que llevan en prórroga más de un año y que la parálisis institucional es imputable al Partido Popular que no está cumpliendo su cometido y sus responsabilidades institucionales. En el caso de los jueces no creo que tenga porqué afectar la independencia judicial de los que ejercen la jurisdicción. Estamos viendo cómo una magistrada está dictando una serie de resoluciones, que podemos compartir o no, y que serán luego revisadas por un órgano superior, pero creo muestran un normal funcionamiento en la administración de justicia.

    —¿Cómo cree que terminará la reciente batalla judicial?

    —Cada semana vemos que hay noticias, titulares muy fugaces y las noticias se van precipitando. Puede ocurrir que dentro de dos días estemos hablando de otra cosa o bien que este asunto llegue hasta la semana que viene. No le doy mucho recorrido a esta historia.

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    Etiquetas:
    coronavirus en España, Gobierno de España, Pedro Sánchez, justicia, España
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