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    La sentencia contra Isa Serra, dirigente de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, ha provocado un intenso debate en el país. Mientras algunos apoyan la condena, otros denuncian que se pretende criminalizar las luchas sociales.

    Isa Serra es una reconocida dirigente política española que con tan solo 30 años lleva un intenso activismo político y social en su país.

    Actualmente es diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid, cargo al que llegó después de varios años de militancia en diversas organizaciones sociales. Los derechos de las mujeres y el derecho a una vivienda digna han sido las principales causas que ha defendido.

    El pasado 22 de abril fue condenada a 19 meses de prisión, a una multa de 2.400 euros y a una inhabilitación política. La acusan de haber agredido a unos agentes de policía en 2014 cuando se intentaba frenar el desahucio de una persona con discapacidad en el barrio Lavapiés, en Madrid. Serra insiste en que esta acusación es falsa y que la sentencia en su contra tiene intenciones políticas.   

    Desde su residencia, y con apenas un mes y medio de haber dado a luz a su primer hijo, Isa Serra conversa con Sputnik sobre esta sentencia que califica de "injusta y desproporcionada".

    —En una entrevista que le hicimos el pasado 18 de febrero nos decía que "falta mucho para que la justicia en España sirva a los intereses de la mayoría". ¿Era previsible esta sentencia en su contra? ¿Cómo la asumió?

    —Me confirmo en esa idea que os trasmití aquella vez. La justicia en España es el poder del Estado que más resistencia ha puesto a la transición democrática en este país.

    Esta sentencia demuestra que en este país los corruptos a veces no son ni siquiera juzgados y las personas que estamos defendiendo el derecho a la vivienda, que nos manifestamos frente a un desahucio, somos condenadas.

    Sobre si me esperaba esta sentencia, pues evidentemente no tenía mucha confianza, pero el hecho de que este juicio tuviera un foco público, mediático, me podía hacer pensar que iban a tener más reparos en excederse respecto a su obligación democrática de hacer una sentencia justa. Pero, lo que hemos comprobado es que en lugar de tener más garantías por ser un juicio más público, ha sido todo lo contrario: aleccionador, ejemplarizante.

    —¿Cuáles son las principales irregularidades que ustedes encuentran en la sentencia?

    —En la sentencia hay tres cuestiones fundamentales:

    Primero: se basa, únicamente, en la declaración de tres policías, no de todos los policías que en su día me denunciaron, porque muchos de ellos no me reconocían y no me quisieron culpar, sino que se basaron solo en estos tres testimonios y se asume como una declaración absolutamente verdadera contra mi presunción de inocencia.

    Segundo: se rechazan todas las pruebas documentales. La policía no aportó ninguna prueba documental. Nosotros presentamos 115 vídeos y cientos de fotos, imágenes que muestran desde el inicio hasta el final de ese desahucio y donde se ve directamente a las personas que sí que pueden estar agrediendo a la policía. Son imágenes muy claras. Pero las rechazan diciendo que eran demasiadas.

    Luego, en la sentencia, en una forma perversa, se dice que esas pruebas se rechazan porque no son suficientes y no muestran todo lo que sucede en ese desahucio. Es decir, para ese juez, solamente valdría una prueba documental si yo llevase encima una cámara 3D durante todo el desahucio.

    Tercero: Se aplica la doctrina "masa de acoso" que es una doctrina que en este país solo se había aplicado para peleas callejeras o linchamientos. Se utiliza en algunas situaciones, como por ejemplo, cuando en peleas de grupo se agrede a una persona y al no poderse determinar cuál de todas ellas pudo haber dado una patada o provocado la lesión a la víctima, se le acusa de estar colaborando en ese grupo que agredió a determinada persona.

    Esto, que solo se ha utilizado para peleas callejeras, se me aplica a mi. Aunque ellos no hayan podido determinar que yo, supuestamente, tiré unos objetos a la policía, les da igual, me culpan de lesiones y me condenan. Me hacen responsable de todo lo que pasó en ese desahucio y así lo explica la sentencia. La sentencia es muy clara: "aunque no se pueda probar que ella es responsable de esos efectos, ella es colaboradora y, por tanto, responsable".

    —Usted ha insistido en que este proceso contra usted viene torcido desde que se inició la identificación policial ¿por qué?

    Todo esto se inició desde la Brigada Provincial de Información no tras la declaración de los agentes municipales que dicen haber sido agredidos. Desde la Brigada Provincial de Información llaman a los policías municipales que sufrieron las agresiones para mostrarle fotos de activistas sociales que estuvimos ese día e indicasen si estábamos en el grupo de las personas que lanzaron los objetos.

    ​En el atestado policial de la Brigada Provincial de Información se dice que ya han sido reconocidas, sin ningún género de dudas, las personas que participamos esas agresiones. Es decir, antes de la denuncia de los agentes que estuvieron allí, ellos ya decían que tenían identificadas a los supuestos agresores. Por lo tanto, hay una evidencia de que la Brigada Provincial de Información quería culpar a algunas personas por ser activistas de movimientos sociales y les pusieron nuestra foto a esos agentes municipales.    

    —Usted dice que en su caso se está aplicando la doctrina de "acoso de masas". ¿Por qué lo estarían haciendo? ¿Con qué interés?

    —Cuando se inició todo este proceso yo no era una dirigente política conocida, pero ya era una activista social y esos desahucios se dieron en los años más duros en los que se aplicaron las políticas de austeridad y cuando la emergencia habitacional era el principal problema del país.

    El PP, que tenía el poder político en ese momento, con Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno y con Ana Botella como otra de las responsables de ese cuerpo municipal, tenía un clarísimo interés en criminalizar a las personas que se movilizaban a favor de la vivienda digna. Esta sentencia evidencia que se intenta criminalizar la protesta social al aplicarse una doctrina como la de masa de acoso. Se pretende condenar a las personas simplemente por haber ido a manifestar.

    También hay otra cosa que ha pesado, y es el hecho de que yo sea una persona pública de Podemos. Creo que en base a eso se ha juzgado desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es un tribunal que está absolutamente politizado porque parte de esos jueces están elegidos por la Asamblea de Madrid, mayoritariamente por el Partido Popular.

    —La condena en tu contra establece 19 meses de prisión, 2.400 euros de multa y una inhabilitación de sufragio pasivo mientras dure la condena, es decir, por un año y siete meses usted no podrá ser candidata para ningún cargo de elección popular ¿Por qué una inhabilitación política por un hecho ocurrido hace seis años?

    —De verdad no lo esperaba. No esperaba que por un hecho de hace seis años hubiese una inhabilitación política. Es que ni siquiera la Fiscalía pidió la inhabilitación. Es una decisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo que sí creo es que es una constatación más que quienes mayoritariamente están en el poder judicial no les gusta nada el hecho de que Unidas Podemos esté en las instituciones y mucho menos en el Gobierno.

    Además, hay una cosa un poco más perversa. Si yo recurro al Supremo, que sí lo voy a hacer, al Constitucional después y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta donde haga falta, eso puede provocar que yo en la siguiente convocatoria de elecciones no me pueda presentar, porque si yo recurro se extiende el tiempo de esta inhabilitación puesto que esta inhabilitación se aplica desde que la sentencia sea firme. Por lo tanto, si yo recurro y la confirmación o el rechazo me la dan dentro de dos años, entonces no me podría presentar a las siguientes elecciones.

    —Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial expresó su "absoluto y rotundo rechazo" a las declaraciones del vicepresidente del Gobierno y Secretario General de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por decir que le "invadía una enorme sensación de injusticia" tras conocerse esta sentencia en su contra. ¿Qué lectura hace de toda esta situación?

    —Pablo fue muy comedido. Él ha dicho en varias: "no digo todo lo que pienso sobre esa sentencia porque trato de respetar al máximo mi posición dentro del Ejecutivo, pero desde luego que puedo opinar sobre cualquier sentencia como lo hace cualquier ciudadano y también dentro del Ejecutivo".

    El Ejecutivo claro que puede opinar, por supuesto que sí. Tienen el derecho a ser críticos y también a proponer cambios en la administración de justicia. Eso es bueno. Lo que es malo es connivencia de intereses que ha habido siempre entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, no cuando se muestran diferencias o distancias, que es lo que se muestra en este caso Unidas Podemos cuando hace una crítica a una sentencia. Esa connivencia es precisamente la que se muestra cuando Carlos Lesmes, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha sido alto cargo del ex presidente José María Aznar durante su Gobierno. La respuesta del CGPJ es la segunda contra el vicepresidente Pablo Iglesias en menos de tres meses. Pero también hay que decir que ha habido un comunicado por parte de otros magistrados, como Martín Pallín y Baltazar Garzón, que dice que claro que Pablo Iglesias puede opinar y que la sentencia en mi contra tiene un modelo de valoración irracional y subjetivo.

    —Ya antes de la pandemia, Vox y el PP alertaron que recurrirían a la justicia para frenar al Gobierno de coalición. El Consejo General del Poder Judicial tiene desde diciembre de 2018 ejerciendo sus funciones con cargos vencidos y con la mayoría de sus jueces electos por el Partido Popular. A su vez, el PP se ha negado a permitir la renovación de estos cargos ¿Qué se está jugando España?

    —Creo que la utilización de la justicia contra la política es la estrategia de la extrema derecha de este país, de Vox, y de la derecha como el PP, que cada día sigue más a Vox. Como hemos visto, esta es la estrategia que está siguiendo la derecha de todo el mundo en los últimos años, como ha sucedido en América Latina. Aquí también buscan poner por delante la capacidad que tienen de controlar la justicia para acabar con sus rivales políticos, que han sido electos democráticamente por la ciudadanía.

    —Su caso se ha comparado con el del nieto de Franco, quien fue absuelto después de haber sido acusado por apuntar con una escopeta a un Guardia Civil y de haberle atropellado. La justicia lo absolvió porque consideró que no existían pruebas suficientes para "debilitar su presunción de inocencia". ¿Por qué cree que con su presunción de inocencia sucedió todo lo contrario?

     —No es solo el nieto de Franco, también Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, todavía no sabemos quién es M. Rajoy. Es alucinante que en este país no haya habido una condena a las personas que han saqueado millones de euros de las arcas públicas. Yo no me arrepiento de nada de lo que estaba haciendo ese día.

    Además, estoy convencida que lo que estaba haciendo ese día fue defender los derechos humanos y si estoy en las instituciones el día de hoy es por lo mismo. Soy absolutamente coherente entre ese día y lo que sigo haciendo, que es luchar por la justicia social y creo que es fundamental seguir haciéndolo. Sigo absolutamente convencida. Yo tengo que cargar ahora con una condena y unos antecedentes por una mentira, por algo injusto. Y ya sabes cómo reacciona la derecha con algo así, pidiéndome la renuncia, atacándome con todo lo que puedan. Eso me lo llevo por haber sido valiente y estar en Unidas Podemos. Lo tengo claro. Pero desde luego que no van a conseguir que dejemos de pelear, de luchar por lo que es justo y de que tratemos de hacer que algún día no sea condenable el hecho de manifestarse por una vivienda digna.

    —¿Se mantendrá en la dirigencia política, en el activismo social?

    Sí, absolutamente. Tanto en las instituciones, un tiempo, como posteriormente seguiré en las calles porque es la única forma de parar a la extrema derecha y a esa derecha del PP que les sigue.

    Etiquetas:
    Unidas Podemos, Madrid, España, condena, desahucios
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