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    MONTEVIDEO (Sputnik) — Entre 2006 y 2013 se duplicaron los costos asociados a la prevención de delitos en Uruguay, pero esta inversión no parece haber derivado en una disminución de los índices de homicidios y rapiñas, dijo a Sputnik el economista Ilan Alfassa.

    "Se hizo una inversión importante en actualizar todo lo que tiene que ver con seguridad, principalmente a nivel del Estado, pero evidentemente o bien no fue suficiente o bien no fue tan eficaz", cuestionó el académico, magíster en economía por la Universidad de la República y autor de una investigación que se divulgó en Montevideo.

    Alfassa observó que "se profesionalizó la policía, se hicieron un montón de cosas, perfecto, pero después de poner toda esa plata, ¿cuánto mejor estamos?", cuestionó.

    Así, los costos asociados al delito, tomando en cuenta los gastos en prevención, en respuesta y como consecuencia de la delincuencia, se incrementaron 91,88% en los siete años estudiados (2006-2013).

    En relación al Producto Interno Bruto (PIB), el costo del crimen en Uruguay aumentó de 2,11% a 2,77 entre esos años.

    Por costos de prevención se entiende, por un lado, el gasto público que se utiliza para evitar la comisión de delitos, pero también el destinado al "sistema de justicia asociado a la represión" del crimen, incluyendo las cárceles, y las políticas de rehabilitación.

    Mientras en 2006 estos costos representaban 1,08 del PIB, en 2013 eran 1,32 del PIB.

    Del otro lado están los gastos privados para la prevención del delito, es decir, aquellos que realizan las empresas y los hogares, por ejemplo, al momento de contratar un seguro contra robo.

    Estos gastos representaban 0,26 del PIB en 2006 y llegaron a 0,54 del PIB en 2013.

    Luego están los costos de respuesta al crimen, que incluyen el gasto público en justicia y el gasto privado en asesoramiento legal, y los gastos ocasionados por el crimen, esto es, el valor de los bienes robados, los costos de salud para las personas afectadas física y psicológicamente por el delito, e incluso los costos derivados de un homicidio.

    "Las lesiones físicas o psicológicas que se generan por haber sido partícipes de hechos delictivos, eso hay que monetizarlo; muchas veces la sociedad no lo ve, pero la familia ese costo lo sufre, y acá lo que hacemos es explicitarlo", explicó Alfassa.

    Los delitos violentos en Uruguay mantienen una tendencia ascendente desde hace 30 años.

    En 2006 se registraron un total de 202 homicidios, mientras que en 2013 fueron 260, y en 2019 la cifra de homicidios fue de 391, según datos del Ministerio del Interior.

    La cifra récord se registró en 2018, con 414 asesinatos.

    El costo de la prisión

    El trabajo de Alfassa incluye un análisis de lo que se conoce como "costos de oportunidad" asociados a las personas que están en prisión.

    Según el economista, en este caso el costo de oportunidad aumenta por dos razones: la primera tiene que ver con la cantidad de personas privadas de libertad.

    "Si aumenta la cantidad de presos es una carga más alta para el Estado, que tiene que destinar más recursos para que los presos estén de la mejor manera posible ahí dentro y se puedan rehabilitar. Obviamente, por cada preso más, hay un costo mayor para el Estado", explicó.

    El otro incremento del costo de oportunidad vinculado a los presos está relacionado con la mejora en la economía.

    "A medida que el país va mejor y los salarios crecen, cada vez es más costoso tener una persona improductiva, cada vez el costo de oportunidad, el costo de que esté en una cárcel en vez de en un trabajo, es cada vez mayor", observó Alfassa.

    La población penitenciaria de Uruguay era al 5 de febrero de 11.748 personas, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que supone una tasa estimada de 357 presos cada 100.000 personas, una de las más altas de la región.

    Indicador de progreso genuino

    Alfassa analizó los costos asociados al delito y cuánto representan en términos del PIB, a partir de los resultados de su tesis de maestría, "Más allá del PIB: estimación del "Indicador de Progreso Genuino" para Uruguay entre los años 2006-2013".

    La tesis analiza si hubo una correlación entre el crecimiento del PIB que se registró en Uruguay durante esos años, y el del Indicador del Progreso Genuino (GPI), a partir del cual se evalúa el bienestar de una sociedad, independientemente de que se registren mejoras en la economía.

    El PIB de Uruguay era de 19.580 millones en 2006 y creció a 57.530 millones en 2013.

    "Hay cuestiones que afectan el bienestar que no están incluidas en el PIB, como el trabajo no remunerado, que es una porción importante de las horas que dedican las personas para actividades que generan bienestar o producción, pero que no está formalizada en la economía", explicó Alfassa.

    El GPI muestra que "se puede crecer y al mismo tiempo estar afectando el bienestar", añade el economista.

    Los costos asociados al delito es una de las dimensiones que permiten comprobar que pese al crecimiento económico, el bienestar puede verse afectado, pese a que el trabajo muestra que "el aumento de la actividad económica vino acompañado de un aumento en el bienestar".

    A partir de su tesis, Alfassa elaboró el artículo "Costos del crimen en Uruguay para el período 2006-2013", que presentó el 5 de marzo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en el marco de la primera reunión académica que organiza este año el Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia.

    Este trabajo fue realizado en base a la metodología de la publicación "Costos del crimen en Uruguay", realizada por Diego Aboal, Jorge Campanella y Bibiana Lanzilotta, en la que hacen una estimación para el año 2010.

    Etiquetas:
    homicidio, Uruguay, delitos
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