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"Lo preocupante es el desequilibrio y la ausencia de transparencia en el proceso electoral" en Bolivia

© REUTERS / David MercadoJanine Áñez, presidenta de facto de Bolivia
Janine Áñez, presidenta de facto de Bolivia - Sputnik Mundo
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La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió la renuncia de los ministros de su Gobierno frente a las elecciones presidenciales que van a tener lugar en mayo. Áñez también planea presentar su candidatura para estos comicios. Con esta decisión la política viola la Constitución del país, afirma el politólogo boliviano Jorge Richter Ramírez.

Sputnik conversó con el especialista para indagar más sobre los principales obstáculos que deberá superar la mandataria en su carrera al poder en Bolivia.

— La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que se presentará como candidata en las elecciones generales del 3 de mayo, rompiendo su promesa de no buscar la presidencia en las urnas. Desde el punto de vista de la constitución boliviana ¿tiene la señora Áñez el derecho a postularse a la Presidencia boliviana?

Bien, esa decisión en la perspectiva de lo que señala la Constitución política del Estado enfrenta lo que dice el Artículo 238 inciso 3 que esta reelección sin renunciar a los mandatos  está establecida puntualmente y lo dice el texto de la Constitución para personas elegidas, electas al cargo de presidente y vicepresidente. Sin embargo, esta decisión con absoluta seguridad se toma en función de una resolución emitida por el Tribunal Constitucional de Bolivia que señaló en ocasión de la aprobación del fallo que habilitó al señor Evo Morales que la reelección para las autoridades electas y que no deban renunciar a sus cargos comprende y se extiende a todos aquellos funcionarios: alcaldes, gobernadores, diputados, diputadas, senadores, etc.

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Entonces, vamos a tener aquí con toda seguridad una consulta que deberá ser dirimida ante el Tribunal Constitucional llevando a este órgano del Estado nuevamente a tener que resolver un tema de búsqueda de la Presidencia cuando el presidente se encuentra en pleno ejercicio del poder lo cual hace que la institución del Tribunal Constitucional se encuentre presionado y subjetivamente capacitado para dar una respuesta ecuánime.

— ¿En su opinión, por qué Áñez decidió al fin y al cabo postularse a la Presidencia a pesar de sus promesas anteriores?

Lo que yo he venido sosteniendo en diversos medios, esta respuesta tiene dos perspectivas: primero, que esto termina el período de transición e inicia un esquema de poder hegemónico, inmediato, conservador y vinculado a sectores de poder externos. Con ello lo que quiero decir es que esto responde a un guion planificado, diseñado y redactado de antemano que en su primera etapa significaba mover al presidente del Estado por una vía que no era la constitucional, reemplazarlo y tomar los principales órganos de Estado e instrumentos de poder político, por ejemplo, presencia en el órgano electoral, presencia e influencia directa sobre el Tribunal Constitucional, control de la Justicia del Estado, acoplamiento de las instituciones armadas —Policía Nacional, Fuerzas Militares—, capacidad de movilización de las mismas para poder enfrentar a los movimientos sociales movilizados y lograr su repliegue e insertar en la sociedad el factor del temor y del miedo para lograr la tranquilidad.

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Habiendo conseguido todo esto, lo que hace falta es que este esquema de poder pueda consolidarse y ello se busca a través de mantener ya una gestión del Gobierno a la señora Áñez por la vía electoral y en la Presidencia del Estado de forma tal de que este guion pueda ser implementado como un factor hegemónico del poder ya instaurado en Bolivia en nombre de la democracia.

— ¿Cuál cree que es el papel actual de las Fuerzas Armadas y de la Policía en este Gobierno?

Distintos autores, entre ellos Manuel Castel, que es un conocido politólogo español, señalan que lo que en Bolivia ha sucedido técnicamente, no de manera general, es un golpe de Estado, donde la presencia de los militares configura lo que se denomina un militarismo que incide sobre el poder político. Habiéndolo insinuado el sector de las Fuerzas Armadas de Bolivia con su comando general el 10 de noviembre del año pasado la renuncia del presidente de la República han realizado algo que está prohibido en la Constitución política del Estado, y que señala que las Fuerzas Armadas no deliberan y se someten al poder político civil.

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En este sentido ellos, pasando por encima de la Constitución política del Estado, insinúan al presidente, le sugieren que renuncie, desamparando y dejando solo al poder ejecutivo porque en ese momento también paralelamente la Policía Nacional se había amotinado y replegado sus recintos policiales, bajo esta lógica quedando sin protección las ciudades, el espacio interno del país y quedando sin el resguardo de las Fuerzas Armadas. Y ante la insinuación taxativa de este sector, el presidente renuncia, porque la otra opción sería seguramente deponerlo. A partir de ese momento toman un rol activo las Fuerzas Armadas.

El primero de ellos, es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es quien coloca la banda presidencial a la presidenta entrante. El segundo, es una constante militarización de las ciudades en funciones de planes de seguridad que se mencionan. El tercero, que está dentro del discurso que dio la presidenta, es una militarización para el proceso electoral antes, durante y después. Esto significa que se van a militarizar los recintos electorales seguramente y los de la zona rural posiblemente.

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Y en último lugar, son las fuerzas policiales las que cumplen las órdenes de arresto y conducción de los detenidos a los recintos de la Justicia boliviana con diversas causas, fundamentalmente, gente que ha estado vinculado al Gobierno anterior. Con todo esto el factor de las Fuerzas Armadas está jugando en el país un rol que es fundamental en lo que hace a las consecuencias que se producen. Si ello no se puede entender desde lo que nos enseña la teoría política como una figura de golpe de Estado como lo señala Castel y otros autores, por ejemplo, Huntington que lo dice de manera clara. Entonces, ya es querer encontrar roles que no son inherentes a la naturaleza de esta institución pero en los hechos reales tiene una participación decisiva.       

— La postulación de Áñez aumenta la dispersión electoral de los partidos conservadores contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS). ¿Cómo influye esto en el proceso electoral?

El proceso electoral ya está en lo que hace al electorado de la centro-derecha que es un 50% del país en este momento y la candidatura de la señora Áñez lo que va a lograr es profundizar esta dispersión. En esta lógica no cambia el panorama de una manera preocupante para este sector. Lo que hay que analizar de forma detallada y minuciosa es que la candidatura de la señora Áñez incide directamente de forma transversal sobre los distintos órganos y sectores del poder del Estado.

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Esto significa que ahora el órgano electoral que tiene delegados presidenciales en cada uno de los departamentos del país —nueve en total— más el presidente del órgano electoral nacional que es un delegado directo de la presidenta, diez con él, le confiere un manto de sospecha y de no ecuanimidad y transparencia debida al proceso electoral. En segundo lugar, se había señalado que se buscarían elecciones transparentes, democráticas, equilibradas donde el Estado era solamente un regulador del proceso y un administrador de la tranquilidad y ecuanimidad del proceso electoral. Eso queda desvirtuado pues ahora quien debía ser este observador es un actor central y ello conlleva los temores que se tienen en Bolivia a raíz de experiencias pasadas de una sobreutilización indisimulada de los distintos elementos que provee el Estado, desde la logística hasta sus instituciones al servicio de una candidatura y con ello, sin lugar a duda, reforzando esta teoría de que lo que tenemos en Bolivia es un esquema de poder que ahora muestra su verdadera cara e intención de frente a este proceso electoral.

Más allá del electorado disperso, lo preocupante es el desequilibrio y la ausencia de transparencia que se acaba de instalar respecto al proceso electoral.

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