"Todas las cosas que emanen de este Gobierno inconstitucional van en contra de la justicia y del derecho; por tanto, la carta dirigida a Argentina también es una acción dictatorial", dijo a esta agencia Dávila, quien se encarga de la comunicación de Morales y se encuentra junto con el derrocado mandatario en Buenos Aires.
Ante esta situación, el ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia dijo en un comunicado que le pedía al "Gobierno argentino repudiar las prácticas de Evo Morales, reñidas con la ley y el orden público internacional".
Por su parte, Dávila dijo a Sputnik que "todo lo que hace el Gobierno boliviano es absolutamente ilegal" y que al círculo cercano a Morales no les extraña que las autoridades manden este tipo de cartas por declaraciones o actividades que realiza el expresidente.
Dávila hizo referencia al exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien fue detenido el martes en la ciudad de La Paz por presunta corrupción.
"Solamente eso puede ocurrir en un régimen que no respeta los derechos humanos ni las garantías constitucionales, que a título de democracia, que no es tal, haga este tipo de acciones", reflexionó.
Unión cívica radical
Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los principales partidos de Argentina, criticó que Morales realice declaraciones políticas bajo el estatus de refugiado que tramita ante el Gobierno que preside Alberto Fernández.
Dávila, en tanto, dijo que Morales considera que la UCR tiene derecho a manifestar su opinión; pero él no se expedirá sobre el tema debido a que por su estatus de asilado no se puede involucrar en la política interna de Argentina.
Morales dimitió el 10 de noviembre, después de tres semanas de protestas contra su reelección en los comicios del 20 de octubre, y fue reemplazado dos días después por Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia sin aval parlamentario, y respaldada solo por una opinión favorable del Tribunal Constitucional.
Morales dijo desde su exilio en Argentina que, como su renuncia no fue considerada por el parlamento, se considera presidente constitucional de Bolivia hasta el 22 de enero de 2020, fecha en que finaliza originalmente su mandato.
