03:51 GMT +313 Diciembre 2019
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    Baltasar Garzón, el jurista español

    Las acciones contra el partido de Morales "evidencian claramente el golpe de Estado"

    © Foto : ILOCAD
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    MOSCÚ (Sputnik) — El abogado, político y defensor de los derechos humanos Baltasar Garzón, en una entrevista exclusiva a Sputnik, aseguró que informar sobre lo que está ocurriendo en Bolivia es la mejor forma de salvar la vida a aquellas personas que hoy en día corren peligro dentro de ese país.

    El jurista español también se refirió a la situación que atraviesa Chile en estos momentos.

    Pueden leer a continuación la conversación con el juez Garzón, conocido por haber dictado en 1998 la orden de detención del dictador chileno Augusto Pinochet y por ser el actual director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange, entre otras funciones.

     

    — ¿Coincide con la opinión de algunos analistas de que se advierte en América Latina una creciente tendencia de los gobiernos hacia el autoritarismo?

    Protestas en Bolivia
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    — Yo creo que en Latinoamérica hay dos ámbitos que cada vez están más definidos, por una parte hay una serie de gobiernos que van tendiendo hacia ese autoritarismo de extrema derecha, incluso podríamos decir con tintes claramente fascistas, el ejemplo lo tenemos en Brasil, más que claro. La situación de Bolivia está evolucionando peligrosamente en ese sentido también, con el golpe de Estado contra Evo Morales, el gobierno constitucional y la situación en este momento, esperemos que simplemente sea transitoria.

    También hay situaciones graves como por ejemplo, en Chile, aunque son fenómenos distintos.

    Por otra parte lo que se está viviendo es precisamente un resurgir de gobiernos populares como es el caso de Argentina, como es el caso de México. Y una tendencia claramente de confrontación con el neoliberalismo y el poder de las corporaciones. Creo que ese sentimiento, esa acción, se está produciendo y también un fenómeno que es la denuncia y la lucha contra la utilización del derecho con fines políticos. Se está produciendo, efectivamente, una reacción, siempre en la misma dirección, frente a líderes populares, líderes progresistas. De la utilización de ese derecho en contra de los mismos, para descabalgarlos políticamente. Los ejemplos ya desde 2009 en adelante los tenemos en Zelaya, Lugo, Lula, Dilma Rousseff, Rafael Correa, ahora Evo Morales. Siempre en la misma dirección, gobiernos progresistas y siempre de una u otra forma auspiciados por EEUU o al menos sustentados en declaraciones o en otro tipo de acciones posteriores por EEUU.

    — ¿Cómo evalúa usted la reacción que han tenido hasta el momento los organismos de derechos humanos frente a la represión en Bolivia?

    Evo Morales, presidente de Bolivia
    © REUTERS / David Mercado
    — Yo creo que también hay que diferenciar, ha habido algunos organismos o algunas entidades que no han sido lo suficientemente contundentes y rápidos en su planteamiento y así como también algunos países e instituciones internacionales, lo cual es preocupante. Algunos países han minusvalorado la situación inicialmente. Han acudido al tópico más fácil que era echar la culpa a otros países como Venezuela o Cuba, incluso llegando a cerrar embajadas o expulsando a profesionales, lo cual es no reconocer la realidad de un conflicto que se venía cociendo desde estructuras corporativas y claramente oligárquicas. Ha habido otros organismos que sí han reaccionado, sobre todo grupos de nueva formulación como es el caso del Grupo de Puebla, o el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, en el que yo mismo participo, que hemos estado desde el principio denunciando toda esta situación, también organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras.

    Y desde cualquier punto de vista es bastante penosa la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de su secretario general, el señor Almagro, con todos mis respetos, pero creo que no ha estado a la altura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido comunicados de preocupación pero también debe de actuar con mucha contundencia. De hecho un grupo de juristas del Consejo Latinoamericano, como he dicho antes y del Grupo de Puebla, hemos planteado acciones, reclamando medidas cautelares y cautelarísimas para proteger la seguridad de distintos miembros del Gobierno, de Tribunal Electoral, también garantizar el derecho del sufragio pasivo, es decir que se garantice en unas eventuales próximas elecciones la posibilidad de participar a todos y cada uno de los candidatos que así lo deseen y no excluyendo a otros y por tanto también hemos exigido el amparo para las personas que se encuentran refugiadas en la embajada de México para que les sea facilitado el salvoconducto correspondiente para que puedan salir del país.

    Con este tipo de actos internamente se está demostrando que hay una persecución política a todo lo que se refiere al presidente Evo Morales, al vicepresidente García Linera o al MAS, y eso es muy preocupante. Por lo tanto, los organismos regionales, la OEA al frente, si quiere demostrar que es independiente de EEUU, debería de tomar un criterio propio, lo cual creo que es muy difícil, por el sesgo que el propio secretario general tiene en este y en otros conflictos, insisto siempre, parcial en la misma línea que es no preocuparse.

    — ¿Qué normas internacionales protegen ahora la vida y la integridad de la presidenta del Senado, Eva Copa, amenazada directamente por el ministro de Interior del Gobierno de facto de Bolivia?

    — Es lo que estamos viendo, ese ministro de Interior que está tomando unas iniciativas, llegando a acusar hasta de organizaciones criminales y hechos de terrorismo al propio presidente de la República, las acciones contra la presidenta del senado, es decir todo aquel que se opone o que forma parte del MAS que ahora han pasado de grupo mayoritario a ser oposición, pues se prescinde de ellos o se les estigmatiza hasta del punto de que en la autoproclamación de la presidenta pues ni se les dejo entrar, ni votar. Es una inseguridad que evidencia claramente el Golpe de Estado.

    ¿Cómo se les protege internacionalmente? Activando todos los mecanismos de Naciones Unidas, la alta comisionada de Derechos Humanos. Pienso que la ONU está a punto de emitir un dictamen, hay que reclamar la secretario general que esté muy atento, pienso que también la intervención de una comisión internacional auspiciada por diferentes países, por ejemplo también el Parlamento Europeo, la UE.

    Es muy importante visibilizar lo que allí está ocurriendo porque es la mayor garantía para proteger a quienes están dentro y dentro de los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos. Como dije es la propia comisión la que tiene que tomar decisiones muy urgentes y posteriormente será la Corte Interamericana. Y dentro de los mecanismos de la justicia, si desde luego no se activan los mecanismos de forma independiente, se podría plantear el acudir tanto a instancias internacionales como a la aplicación de la jurisdicción universal ante el hecho de que se está cometiendo graves hechos delictivos de una forma reiterada y casi pasan a ser ya sistemáticos y eso pasa a una situación de emergencia que tiene que ser contenida y yo creo que puede serlo con esa intervención-mediación internacional y activación de otros mecanismo judiciales en su caso.

    — ¿Ve en el golpe contra Evo Morales el riesgo de un grave retroceso en inclusión social y en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas?

    — Ese es uno de los principales puntos de inflexión, esta revuelta, sonada, este golpe de Estado con todos los pronunciamientos clásicos de tal, tiene un foco principal que es atentar contra la diversidad y la pluralidad en un país que, gracias a las acciones del gobierno y del presidente Evo Morales, ha ido reconociendo los derechos de los pueblos indígenas que estaban ancestralmente desconocidos por una oligarquía dominante durante prácticamente todos los periodos democráticos de Bolivia. Por primera vez durante 14 años se ha ido reequilibrando la balanza aparte de que claramente puedan haber casos de corrupción, crítica o acciones cuestionables, lo que si ha habido es una política constante hacia la inclusión y la igualdad y la mejora económica de los más vulnerables, de los más desfavorecidos, eso ahora está en cuestión.

    Echar las culpas de lo que está sucediendo, no al golpe militar sino a quienes están defendiendo la legalidad constitucional es muy grave y es ejemplo de la inoperancia que esta reinando ahora mismo en Bolivia en el ámbito del gobierno, es decir acudir a este tipo de represión sistemática, acudir a la exhibición obscena del domicilio del propio presidente Morales, tergiversando o utilizando mecanismos de comunicación incluso a través de medios supuestamente solventes para deformar la realidad y dar la impresión de que aquí había un no Estado de derecho cuando es todo lo contrario, es muy grave, y quienes están agazapados desde la oposición esperando a ver en qué queda esto, pues tienen una alta responsabilidad que creo que deberían de poner de manifiesto.

    Por otra parte esa llamada a la conciliación, a la mediación, que hace la conferencia episcopal, pues yo creo que tiene que partir de una situación gravemente atentatoria a los derechos humanos como lo demuestra la pérdida de vidas, heridos y esa conflictividad social que está impulsada desde ciertos elementos extremos del gobierno autoproclamado.

    — En una carta que envió en octubre a Sebastián Piñera, usted advirtió que las "violaciones a los derechos humanos" contra la población no quedarían impunes. ¿Tiene pensado impulsar alguna medida en concreto al respecto ante alguna instancia internacional?

    — He dicho en más de una ocasión que la responsabilidad se tiene que impulsar desde Chile. Las acciones de jurisdicción universal o en organismos como el de la Corte Penal Internacional o la fiscalía de la misma, son siempre complementarias y de alguna forma subsidiarias. Afortunadamente lo que ha ocurrido en Chile, dentro de la situación caótica y desgraciada que existe a nivel político y social, es que el Poder Judicial desde el primer momento creo que se ha posicionado no amparando esa situación de grave quebranto de los derechos fundamentales, sino de protección de los ciudadanos. De hecho, más de dos tercios de las personas detenidas han sido puestas en libertad, pero hay que tener muy en cuenta lo que está aconteciendo y exigir que las responsabilidades, tanto políticas como penales en su caso, se lleven adelante.

    Evidentemente habrá que valorar qué ha ocurrido con el ministro de Defensa, qué ha ocurrido con el ministro de Interior, qué ha ocurrido también y qué tipo de responsabilidades se puede dilucidar en la más alta magistratura del Estado —la Presidencia— y para eso hay mecanismos internos que dan el inicio de un juicio político y veremos con qué resultado. Es muy difícil, porque la Constitución, precisamente cuya derogación se proclama y se debe sustituir por un proceso constituyente o una convención constituyente, prevé dos tercios para la posibilidad de un 'impeachment', pero eso no quiere decir que no se pueda iniciar y valorar esas responsabilidades.

    Por tanto hay que darle seguimiento a los casos que se están viendo y produciendo en las autoridades judiciales chilenas, después habrá que evaluar si ha habido una respuesta o no. Lo que quería yo decir en esa carta era que precisamente esta situación no es como lo era en la dictadura y que tapar las acciones criminales hoy día no va a ser posible, tanto por la acción de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como por el propio Poder Judicial. Por tanto lo que hay que hacer es dar un seguimiento de lo que está aconteciendo aparte de que esa llamada al diálogo se produzca con todas las consecuencias favorables para quienes están demandando un cambio político, social, importante desde la base, afrontando las causas y no solamente los efectos.

    — El modelo neoliberal extremo impuesto durante la dictadura de Pinochet y amparado por la Constitución de 1980 y que ha regido durante 40 años en Chile instaurando un Estado subsidiario, podría eventualmente llegar a su fin con una nueva Constitución redactada por ciudadanos. ¿Cuál cree que podría ser su efecto a nivel internacional?

    — Yo creo que es el momento histórico en el que curiosamente donde nació el neoliberalismo, con los Chicago Boys en Chile, puede también acabar el neoliberalismo con estas acciones populares de la sociedad en su conjunto. Lo que se está cuestionando es un modelo político-social de desarrollo, en donde la desigualdad es extrema, donde la riqueza se concentra en muy pocas manos y lo que el pueblo chileno está diciendo es que ese tipo de política, no ya solo la acción de los representantes políticos, sino el propio modelo, no funciona porque cada equis tiempo se produce una situación similar, aunque esta es mucho más grave y por tanto hay que, como decía antes, profundizar e ir a las causas, al origen, qué está ocurriendo, y es el modelo el que no funciona.

    Por tanto, modificar solamente la Constitución o hacer una nueva Constitución, si se opta por un modelo en que son los representantes políticos exclusivamente los que lo hagan, va a fracasar. Va a fracasar porque la sociedad no está creyendo en esa representación política, por tanto tiene que ser mucho más transversal. Si esto es así, digamos que es el ejemplo de que históricamente, en su momento, la idea de una Latinoamérica unida que defendía Bolívar, ahora lo que se está viendo emerger es que es necesaria una estructuración regional con base al derecho, con base a unos modelos que cuestionen precisamente las gravísimas desigualdades que hay en esta región, en otras del mundo también, pero en esta en particular y esa es la confrontación que ahora mismo se está dilucidando, es decir un modelo neoliberal que quiere resistir en manos de unos pocos de las oligarquías y también de las corporaciones. Está auspiciado por Estados Unidos, cuyo frente, digamos es el ejemplo más brutal, como es el presidente Donald Trump.

    Y la reacción de nuevo frente a esta exacerbación de capitalismo salvaje se está produciendo a nivel popular, a nivel social, y también de grandes bloques de población que ven cómo este modelo no les saca de la gravísima situación de desigualdad en la que están. De que gane uno u otro va a depender el futuro de la región. Yo lo que creo es que es el momento precisamente de no ceder de nuevo con parches o con soluciones aleatorias, sino serán mucho más profundas las recesiones, no por casualidad está surgiendo esta conflictividad, ha sido el ataque brutal desde ese neoliberalismo extremo, desde la extrema derecha frente a la reacción ya prácticamente 'in extremis' de la sociedad.

    — La política en América Latina parece ser demasiado pendular, con sucesión de gobiernos de orientación distinta que pretenden borrar todo lo que hizo el anterior. ¿A qué cree usted que se debe esto?, ¿no habría que plantear la posibilidad de pasar de los actuales regímenes presidenciales a otros de tipo parlamentario como en Europa?

    — Creo que vivimos en el mundo una tendencia similar en muchos países, sobre todo cuando se trata de movimientos extremos. Se ha ido desde los partidos clásicos a los personalismos, aun cuando estos estén dentro de partidos políticos clásicos o movimientos populares más amplios. La identificación con el nombre del presidente de turno es una costumbre curiosamente que se da desde América del Norte hacia abajo y no hacia arriba, pero también en Europa ya se empieza a hablar del 'Orbanismo' de otros líderes europeos que van y trascienden a los propios partidos políticos, eso significa que hay una crisis del modelo clásico de representación y que se ha ido hacia fórmulas de mayor participación en democracia directa, es decir, los ciudadanos están representados, pero también tenemos un grado de información mucho mayor y queremos participar de forma más directa, abierta y transparente en la gestión de lo público y la gobernabilidad.

    Por tanto, no es que sea peor el modelo que el de los partidos clásicos gobernados por aparatos, es que tiene que cambiar el uno y el otro, que de alguna manera se retroalimenten, y lo que tiene que hacer es una mayor participación popular más transversal y es lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo. En Chile lo que ocurre con este movimiento popular es que tampoco tiene un liderazgo, al menos no tiene un liderazgo definido. Llegará un momento en que tiene que haber una interlocución para un diálogo y ¿cuáles son los interlocutores?, esto es lo que hay que profundizar, reflexionar y decidir.

    Por tanto, lo que hay que estructurar son los espacios de derecho, la definición de espacios jurídicos amplios, comunes y de encuentro. Es la única posibilidad que yo encuentro.

     Chile y España, dos constituciones que nacieron como consecuencia de dos feroces dictaduras y que hoy parecen haber quedado muy por detrás del desarrollo de las sociedades de sus países. ¿Qué 'enclaves autoritarios' considera usted que aún requieren modificaciones?

    — Hay una diferencia entre ambas constituciones. Una es la Constitución de la dictadura de Pinochet de 1980 y que aunque ha tenido distintas enmiendas sigue siendo la Constitución de Pinochet y de la dictadura. La Constitución española es una Constitución democrática, ya consecuencia de la transición y del modelo de transición y también de los compromisos obtenidos durante esa transición que para muchos es modélica, pero para otros pensamos que dejó en el aire distintas cuestiones, por ejemplo todo lo que refiere al modelo territorial, como estamos viendo en este momento. En España en ese momento la Constitución creo que era una Constitución muy progresista para el tiempo en el que fue y las circunstancias en las que fue aprobada, pero hubo alguna cuestión, como era todo el tema de la impunidad previa del franquismo y el modelo territorial, en que se adoptaron las medidas de compromiso que permitía el momento.

    Quizás ahora hemos visto como consecuencia de esa falta de definición definitiva o de acomodación a la realidad actual, ha saltado la conflictividad con el proceso de Cataluña y otras situaciones. Pero también ello me lleva a afirmar que es absolutamente necesaria la solución de diálogo y no tanto la actuación judicial contra quienes discrepan del modelo constitucional y del modelo territorial, sin perjuicio de que si hay acciones penales, o sea, acciones delictivas, se sancionen, pero creo que nos hemos equivocado en gran medida y todavía estamos sufriendo las consecuencias.

    En el caso de Chile, las consecuencias son evidentes. El poder económico se concentra en muy pocas manos. Hay un modelo social que en España existe y allí no existe. El Estado social allí es prácticamente inexistente, las medidas aquí hacia el Estado de Bienestar han sido más sostenibles. En Chile la desigualdad social es brutal. El tratamiento a los pueblos originarios es totalmente marginal y el poder de las propias corporaciones también, eso supone que hay un quiebre grandísimo entre la sociedad y los gobernantes.

    Aquí se produjo algo similar pero sin esa virulencia, sin esa violencia, con el movimiento del 15M que posteriormente generó una serie de movimientos políticos, que hoy estamos viviendo la posibilidad de que uno de ellos —Podemos o Unidas Podemos— forme parte de un Gobierno. Es decir, son bastante diferentes y sobre todo digamos que en España, aunque penden algunas cuestiones a resolver o solucionar a través del diálogo y del encuentro, no tienen nada que ver con la propia Constitución chilena y la conflictividad actual, en la que, como hemos visto, la violencia por parte institucional se ha adueñado de la situación. Y también de algunas respuestas desde la sociedad en esa situación extrema, que tiene que ser reconducida a través del diálogo.

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    constitución, América Latina, Chile, disturbios, manifestación, manifestaciones de protesta, protestas, entrevista, Baltasar Garzón, Bolivia
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