"La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, la Diócesis de Quibdó y la Corporación Jurídica Libertad, así como organizaciones que integran los consejos comunitarios de Bojayá, pediremos a la JEP que se llame a los máximos comandantes de la Policía y de ejército que no han sido investigados por la masacre", dijo Arboleda.
La refriega entre ambos bandos duró varios días y en medio de ella quedó indemne la población de Bellavista, un pequeño caserío del municipio de Bojayá, por lo que alrededor de 400 personas se refugiaron en la iglesia del pueblo, que consideraron el único sitio seguro.
Sin embargo, un cilindro de gas, usado por la guerrilla como explosivo, rompió el techo de la iglesia y detonó en el altar, matando al menos al 79 personas, aunque los moradores señalan que fueron 100 los fallecidos y decenas los heridos en la que hoy es conocida como la masacre de Bojayá.
La presentación del caso ante la JEP está prevista para los primeros meses de 2020, luego de que las organizaciones decidieron postergarla a raíz de la ceremonia de luto que se celebra esta semana y hasta el próximo 26 de noviembre en Bojayá.
Los sobrevivientes y familiares de las víctimas recibieron el 11 de noviembre 72 restos óseos identificados de manera plena por el estatal Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Los restos permanecieron 17 años sin identificar, por lo que ahora serán sepultados por sus familias en un entierro colectivo el día 18 de noviembre.
Luego de la masacre, la justicia colombiana abrió un proceso contra el Secretariado de las FARC, que abarcó a los entonces comandantes de los frentes 9, 34, 48 y 57 de esa guerrilla.
Asimismo, se abrió un proceso contra algunos integrantes del bloque paramilitar Elmer Cardenas de las AUC, pero la justicia se abstuvo de iniciar investigación a algún miembro de la Fuerza Pública.
Sin embargo, a finales de mayo de 2002 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos catalogó el hecho como un crimen de guerra, por lo que comprometió la responsabilidad de las FARC, las AUC y de la Fuerza Pública.
"Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos (AUC y FARC) en esa región y la materialización de los actos violentos", señaló la sentencia, que dio cuenta de que antes del crimen tanto la Defensoría del Pueblo (ombudsman) como la Diócesis de Quibdó advirtieron del riesgo para las poblaciones de Bojayá debido a la llegada numerosa de paramilitares y guerrilleros a la región.
"Al igual que las FARC, el Estado también está obligado a pedir perdón, y además reparar a las víctimas, ya que la masacre se dio en un contexto en el que se negaron los derechos de la población", anotó Arboleda.
Asimismo, señaló que pese a que los integrantes de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda) ya asumieron su responsabilidad ante las víctimas de Bojayá, aún hace falta que la asuman también ante la JEP y acaten el proceso que les corresponda.
