Hernández "está muy consciente de que es un perseguido político, un preso político, y está dispuesto, como preso político, a defenderse y demostrar su inocencia", dijo su representante.
Aguilar, quien sostuvo que "sin duda" Hernández es un preso político, cuestionó la medida de la justicia por considerar que no se ajusta a lo que establece el Código Penal ecuatoriano.
"La rebelión es financiar, organizar y dirigir un grupo armado con el propósito de desconocer al Congreso, al presidente de la República o la Constitución; pero tiene que haber, como demostración objetiva de la existencia del delito, al menos un grupo armado, un arma, alguien que reivindique su condición de subvertir el orden público. Y eso no existe; no existen pruebas, es una invención de la fiscalía", aseguró el abogado.
El exasambleísta "fue seguido por la policía desde el 7 de octubre; las movilizaciones fuertes fueron desde el 8 hasta el 13 ¿No le parece extraño que si la policía tenía vigilado, interceptado, fotografiado, a un presunto cabecilla de un movimiento armado, no le haya detenido durante lo más duro de las movilizaciones?", inquirió el abogado.
El defensor dijo que Hernández "anímicamente está bien", pero que está "indignado" por el fallo, "porque es un proceso que no tiene ni pies ni cabeza".
Aguilar añadió que ya se ha solicitado una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que está apelada la orden de prisión preventiva.
Descabezar al correísmo
Para el abogado de Hernández, el motivo de esta persecución política, que incluye a la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, y al integrante de Revolución Ciudadana, Christian G., quienes también están bajo prisión preventiva, es eliminar a este movimiento político que lidera el expresidente Correa.
La fiscal general Diana Salazar dijo el 6 de noviembre que existen abundantes y contundentes evidencias contra los procesados por rebelión en las protestas que convulsionaron al país a inicios de octubre.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto con otros movimientos sociales, mantuvo durante 12 días protestas en todo el país en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles decidida por el Gobierno que preside Lenín Moreno.
Durante las movilizaciones y protestas hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo y una serie de hechos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
