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    Abogado: sería ilegal evadir la suspensión judicial de las obras del aeropuerto en México

    CC BY-SA 2.0 / Cliffano Subagio / Shanghai Airport
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Cualquier acción del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para eludir nueve suspensiones judiciales "definitivas" contra la construcción de un aeropuerto internacional en la base militar Santa Lucía conduciría a un recurso "inconstitucional", dijo a Sputnik uno de los abogados promotores de los "juicios de amparo".

    "No existe una figura legal en el Derecho mexicano que permita a una autoridad demandada en un 'juicio de amparo' (la Presidencia) sustraerse de una orden judicial mediante una orden política, el Poder Ejecutivo no está facultado para hacer un decreto contra el Poder Judicial, sería inconstitucional", dijo a Sputnik el director de Litigio Estratégico de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Gerardo Carrasco Chávez.

    Esa organización es parte de un colectivo ciudadano denominado "No más derroches", que ha promovido al menos 150 "juicios de amparo" en tribunales por el supuesto incumplimiento de permisos ambientales y de seguridad aeronáutica de las obras en la principal base militar del país, localizada al norte de la capital, que han conducido a nueve sentencias judiciales de "suspensión definitiva" de las obras.

    El jefe del Poder Ejecutivo dijo el 22 de agosto pasado que usará sus facultades ante los juicios abiertos, que considera como un "sabotaje legal" para demorar o impedir la gigantesca obra, que reemplazaría la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que él ordenó suspender al comienzo de su mandato en diciembre.

    "Tenemos otro recurso para poner por delante el interés de la Nación, lo que quieren es pararnos, que quedemos mal, que no se hagan las obras, es un sabotaje legal", dijo López Obrador en una conferencia en Palacio Nacional.

    El jurista dijo a Sputnik que "un recurso del Ejecutivo para poner por delante el supuesto interés nacional no existe en la ley mexicana, no estamos seguros a qué se refiere el presidente, pero no existe un recurso jurídico que se llame así, ni en la Ley de Amparo ni en la Constitución".

    División de poderes

    El más reciente dictamen judicial del 21 de agosto pasado descarta la autorización de bajo impacto ambiental otorgado a finales de julio por la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del propio Gobierno federal.

    Aunque son nueve órdenes de "suspensión definitiva" que siguieron a dictámenes anteriores de "suspensión provisional" son el desenlace los 150 juicios abiertos, "pero bastaría una sola suspensión para que las obras no comiencen", explicó Carrasco.

    La única ruta legal posible que estiman los juristas es "un recurso legal de revisión contra una sentencia, que se concede ante la suspensión definitivas de obras", añadió.

    La obra se construye bajo la batuta de ingenieros de la Defensa Nacional "pero todos los aeropuertos civiles o militares son de interés público, nacionales o internacionales, esa condición no faculta al Ejecutivo a evadir órdenes de la Justicia", subrayó.

    Considerando ejemplos extremos, aunque se tratara de una nueva base militar y no una terminal internacional civil, "no significaría que el Gobierno, por razones militares, no cumpla con la Constitución mexicana", subrayó el abogado.

    López Obrador insiste en que las apelaciones judiciales "no son por la defensa del medio ambiente".

    Sin embargo, Carrasco afirma que entre los argumentos legales considerados por los jueces está es que la base militar de Santa Lucía "tiene 800 obstáculos orográficos y no permitirían aumentar el número de operaciones para atender la demanda de saturación actual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", llamado 'Benito Juárez'.

    Esos obstáculos aeronáuticos del terreno que rodea la base castrense también impedirían la operación simultánea con el viejo aeropuerto internacional ya saturado, que atiende a más de 45 millones de pasajeros al años, un 30% más que su capacidad original.

    El NAIM fue el principal proyecto con inversión público-privada de la administración federal anterior, que encabezó Enrique Peña Nieto (2012-2018), una obra de diseño futurista trazada sobre el lecho del lago disecado de Texcoco por el reconocido arquitecto británico Norman Foster, cerca del viejo aeropuerto capitalino.

    Aquella obra sería una inversión público-privada de unos 15.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno aportaría 6.000 millones de dólares, que López Obrador ordenó pagar en su primer día de Gobierno, elevando el impuesto de uso aeroportuario para saldarla.

    La orden ejecutiva de cancelar las obras fue dada después de una consulta no vinculante que López Obrador antes de asumir y en la cual participó alrededor de un millón de los 90 millones de personas inscritas en el padrón federal.

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    México, aeropuerto
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