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    Campaña antidrogas de México es un paso más de una "estrategia incompleta"

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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La campaña antidrogas "Juntos por la paz", presentada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, representa un paso más en una estrategia incompleta contra la inseguridad y la violencia, dijo a Sputnik la integrante del Colectivo Drogas, Política y Cultura, Zara Snapp.

    "El Gobierno tiene las mejores intenciones con esta campaña, están buscando una manera de abordar el tema de las drogas que le preocupa tanto al presidente; pero lo que presentaron todavía es solo un paso de una estrategia que no está completada", dijo Snapp, autora del "Diccionario de Drogas".

    Snapp considera que el Gobierno tiene otras ideas incorporadas dentro de una gran estrategia, pero que aún no las está implementando, y faltan pasos legislativos.

    "Sería importante que las autoridades distinguieran claramente entre el uso, el abuso y la dependencia de las sustancias", recomienda la especialista, que ha sido asesora internacional de la organización no gubernamental Acción Técnica Social en Colombia.

    Al hacer esa distinción, la sociedad y los gobernantes podrían entender de que no todas las personas que consumen sustancias psicoactivas generan una dependencia, y que algunas hacen un uso lúdico legítimo de ellas como de otras drogas legalizadas, argumentó la experta.

    "Estas campañas deberían intentar que los usuarios de sustancias psicoactivas, y personas que desarrollen problemas con las mismas, no tengan contactos con policías ni con el sistema judicial como su primer contacto con autoridades, para encontrar otras maneras de abordarlo", dijo.

    Las políticas federales de drogas y la reciente iniciativa de reforma constitucional en el Senado para la regulación de mercados de cannabis "son el primer paso en la construcción de paz que necesitamos, para poder ver un cambio sustancial en este país", sostuvo Snapp.

    La experta celebró además que la campaña intente contribuir a las soluciones, pero considera que aún requiere muchos insumos de la sociedad civil para no partir desde cero.

    "Muchos expertos y organizaciones han trabajado durante años para encontrar soluciones, y este es el momento para que el Gobierno haga uso de ese conocimiento acumulado para mejorar sus programas", recomendó.

    Nuevo escenario para la juventud

    Snapp, cofundadora de Instituto RIA México, sobre políticas públicas innovadoras en un marco de justicia social, celebró que los programas y becas gubernamentales intenten atender las carencias de la juventud.

    "Es importante ofrecer mejores oportunidades para jóvenes en el tiempo libre y que las autoridades tengan un acercamiento con la juventud sin criminalizarla, ni perjudicar o estigmatizar a algunos que van a decidir experimentar libremente con drogas", advirtió.

    La autora considera que la presentación del presidente y los funcionarios encargados "quedó corta", y que deberían aceptar los apoyos de la sociedad civil "para salir de la idea simple de la oferta y la demanda de drogas".

    Los responsables de la campaña "Juntos por la paz" explicaron que el nuevo Gobierno "separa el abordaje de seguridad y lo deja en el lado de la oferta de sustancias psicoactivas; pero el lado de la demanda (consumidores) lo coloca en la salud pública, mediante la inclusión y el bienestar".

    La investigadora consideró que "falta la reducción y control de daños, porque necesitamos ofrecer información veraz y asegurar que la información que se difunde en las campañas esté basada en realidades y no en prejuicios".

    López Obrador dijo que la campaña promoverá "valores espirituales y morales", para "evitar que los jóvenes tomen el camino de las conductas antisociales, y terminen formando parte de la delincuencia, de las bandas".

    La especialista sugirió que "le falta considerar a las personas que van a consumir sin problemas y requieren una reducción de daños en su entorno y gestión del placer".

    Naturalmente, prosiguió, "otras personas sí van a generar dependencia en su vida, y son solo esas personas quienes deben recibir tratamiento de calidad y apoyo de voluntarios civiles".

    Snapp explicó que las campañas no suelen clarificar que el porcentaje de personas que desarrollan adicciones es muy pequeño.

    "Tampoco incluyen esas adicciones en el consumo legal de alcohol, tabaco y azúcar, de tal forma que no se logra tener un cuadro completo de las adicciones", comentó.

    La experta ha promovido apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia para legalizar el consumo responsable de cannabis, como parte del libre desarrollo de la personalidad.

    "Creo que en cierta forma la estrategia es el complemento de los grandes avances que hemos obtenido desde la sociedad civil sobre este fenómeno", recordó la activista social.

    Finalmente indicó que las autoridades deben recordar que hay un mandato legislativo para regular el mercado de cannabis y dejar de criminalizar a los consumidores responsables.

    En los últimos seis meses las señales del Gobierno apuntan a una iniciativa que reconoce que la política de prohibición y el enfoque punitivo no han funcionado.

    Ese enfoque está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo y también en el Plan de Paz y Seguridad, reseñó la experta.

    Pero la agenda del Congreso ha estado saturada con otras prioridades.

    Una iniciativa de cannabis medicinal fue aprobada en abril del 2017, pero aún no tiene un reglamento claro que permita su implementación.

    Y un proyecto para regular el mercado de marihuana, presentado en noviembre pasado, sigue congelado.

    "Desde la sociedad civil acompañamos el esfuerzo que hacen los legisladores en el Senado, en particular la Comisión de Justicia que tiene la iniciativa para dictaminar el proyecto de ley", puntualizó.

    El proyecto fue presentado por la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando era senadora.

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