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    Guerra civil en El Salvador (archivo)

    "Responsables de crímenes de guerra en El Salvador presionan para aprobar ley de impunidad"

    © AP Photo / Luis Romero
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    SAN SALVADOR (Sputnik) — Los principales responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992) presionan para sancionar antes del 1 de junio una ley que les garantice impunidad, aseguró a Sputnik el periodista y escritor salvadoreño Juan José Dalton.

    "[Los diputados] están precisos [urgidos] por aprobar esta impunidad, pues hay interés de la jefatura de que sea sancionada el jueves [el 30 de mayo] por el presidente Salvador Sánchez Cerén, para que el viernes [el 31 de mayo] sea remitida al Diario Oficial y entre en vigor antes del cambio de gobierno, el sábado [el 1 de junio]", afirmó en nombre de las víctimas de la guerra el hijo del asesinado poeta Roque Dalton.

    Juan José Dalton estuvo entre los representantes de la sociedad civil consultados por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa (Parlamento) para escuchar sus puntos de vista sobre el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, criticada por muchos como una Ley de Amnistía de facto o enmascarada.

    Víctima también de violaciones al derecho internacional durante la guerra, cuando fue torturado y desaparecido tras ser capturado herido, Dalton cuestiona la "casualidad" de que los redactores del anteproyecto de marras fueron victimarios, autores intelectuales de delitos o ejercieron un mando durante la contienda.

    "Hay quien le llama 'Ley de Amnistía', pero eso no es amnistía: eso es una impunidad peor que la que existía. Quienes lucharon en la guerra contra la impunidad, ahora la quieren propiciar", denunció Dalton, en alusión al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), partido surgido de la guerrilla homónima.

    Cadenas de mando

    Dalton, director del periódico digital Contrapunto, destaca que la normativa establece juzgar a quien ejecutó el delito y no a quien lo ordenó, lo cual considera absurdo, máxime cuando el subordinado que desobedeciera una orden podía ser pasado por las armas, en cualquiera de los bandos.

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    Tampoco está de acuerdo con el plazo de cinco meses establecido para definir cuáles crímenes serán juzgados, pese a que los delitos de lesa humanidad y los crimines de guerra no prescriben ni pueden ser sometidos a amnistía.

    "Es absurdo, porque en las leyes internacionales se pide que se sancione a las cadenas de mando: quien ordena una masacre es su mayor responsable, y al que desobedecía lo mataban, ya fuera en el Ejército o en la guerrilla", señaló Dalton.

    El excombatiente de las Fuerzas Populares de Liberación, uno de los cinco movimientos que se fusionaron en el FMLN, recordó al respecto las masacres del comandante Mayo Sibrián, acusado de matar no menos de mil compañeros de guerrilla por sospechas de traición, muchas veces sin fundamento, con la anuencia de sus superiores.

    "Sibrián fue fusilado poco antes de los Acuerdos de Paz [firmados en 1992], y así la guerrilla dio por zanjado el asunto, pero el asesino murió afirmando que cumplía con órdenes. Es como en el caso de los jesuitas asesinados por militares en 1989, resulta que serían enjuiciados los verdugos, y no el Estado Mayor que ordenó la masacre", explicó Dalton.

    En su intervención ante la Comisión Política de la Asamblea, Dalton se opuso al actual borrador de la Ley de Reconciliación por considerar que avala la impunidad, y más cuando uno de los presuntos asesinos de su padre ostenta un alto cargo en el gobierno saliente (Jorge Meléndez, director general de Protección Civil).

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    Los voceros de las víctimas del conflicto exigen una discusión mayor en el Parlamento, quizás hasta el próximo año, para que los diputados profundicen en la ley y apliquen a cabalidad la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que derogó en 2016 una Ley de Amnistía que fue aprobada en 1993 sin los votos del FMLN.

    Dalton insiste en su demanda de justicia, sanción, reparación integral y garantías de no repetición, tanto para él como para toda víctima de violaciones del derecho internacional humanitario, independientemente del bando en el que combatieran.

    Una comisión de la verdad establecida por las Naciones Unidas estimó que la guerra contra varios grupos insurgentes, luego unificados en el FMLN, dejó 75.000 muertos, la mayoría civiles.

    Etiquetas:
    impunidad, ley, crímenes de guerra, El Salvador
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