Pero es todavía más infame que los Gobiernos más afectados por esta política migratoria callen.
México vendría, sin duda, a ser el país más afectado por la furiosa cruzada antinmigrante de Donald Trump, que ya ha dejado a unos 2.300 niños huérfanos, casi todos latinoamericanos, 1% de ellos son mexicanos. Sin embargo, el Gobierno parece que calla. ¿Por qué?
Dirigimos esta pregunta al senador mexicano por el estado de Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez, que respondió en una entrevista con Sputnik.
"Sin duda es criticable al Gobierno mexicano la demora, pero ahora que tenemos la oportunidad de uno en transición, nos permite que el Gobierno norteamericano se percate de que las nuevas autoridades llegan con mucha fuerza y mucho respaldo social, lo que permitirá que, aunque tardíamente, el canciller, Luis Videgaray, presente los reclamos de manera puntual en este tema", afirmó el político.
"La sumisión que ha tenido la actual Administración, tanto el canciller como el secretario de Gobernación hacia EEUU ha impedido que se hable con franqueza directamente en términos de respeto de esa política antimigrante, particularmente xenófoba, que lastima al pueblo latinoamericano y especialmente a los mexicanos".
"Incluso usted ha oído las definiciones de Donald Trump hacia nosotros que dice que parecemos animales", recalca el parlamentario al aceptar que en México solo después de que la sociedad reprochara al Gobierno su tardanza en emitir una postura sobre la política migratoria de Trump, el canciller Luis Videgaray —hombre clave y amigo de Peña Nieto— declaró en tonos bajos que la medida es una violación a los derechos humanos. Sin pasar a más.
¿Cree usted que el drama de la separación familiar en la frontera norte haya afectado en realidad la política interna de EEUU, que conllevó a la suspensión temporal de la política de tolerancia cero? ¿En México se observa algo similar?
La política de tolerancia cero llegó a su crisis porque fueron organismos internacionales los que se volcaron a hacer los señalamientos, la recriminación y obligaron al presidente Trump a firmar un acuerdo ejecutivo para detener ese planteamiento. Sin embargo, aunque está la orden, siguieron y siguen aplicando esta política de segregación racial. Siguen mateniendo a la gente en jaulas, no han dicho cómo van a reunir a las familias de los niños que fueron separados de sus padres.
EEUU ahora tiene un problema. Son aproximadamente unos 658 menores de edad, entre ellos, bebés, niños y también adolescentes en su poder. No existe un control preciso de cómo fueron separados y cómo van a ser reubicados.
En México, existe una total simpatía a los reclamos que han hecho el presidente Peña Nieto y el Canciller Videgaray. Sin embargo, les hemos reclamado que les ha faltado contundencia, energía y talante para poder marcar un alto en esta política equivocada antimigratoria de EEUU.
El pasado 27 de junio, ante la Corte de Estados Unidos en Seattle, 17 estados —entre ellos, Washington, Nueva York y California— presentaron una demanda contra el Gobierno de Trump para que reúna a las familias de inmigrantes separadas. ¿En México, los gobernadores de los estados se atreverían a algo semejante?
Creo que nos estamos tardando en formular una querella porque sí hay 27 Estados de la Unión americana que lo han hecho, con mucha más razón tenemos que hacerlo los 32 estados de la República mexicana y el propio presidente, avalado por el Senado y la Cámara de Diputados.
Es un problema de solidaridad, de respeto a los derechos humanos y sobre todo para uno de los sectores más desprotegidos y por el que todos trabajamos, que son los niños.
¿Esta exigencia está dentro de los planes inmediatos del Senado mexicano?
En un término de 15 días podría resolverse qué posición se podría asumir. Estamos hablando de un cortísimo plazo para que se puedan tomar medidas. La oportunidad de contar con un Gobierno en transición en estos momentos en México, abre las puertas para el planteamiento de un acuerdo integral con EEUU, basado en los acuerdos internacionales, que garantice el respeto a los derechos humanos de los mexicanos y de los latinoamericanos que en este momento están cruzando la frontera.
En Estados Unidos, cuatro ex primeras damas se han unido para exigir al presidente Trump que ponga fin a la separación de las familias latinoamericanas. ¿En México, visualiza usted algo semejante entre las esposas de nuestros gobernantes?
Por el momento no hemos visto a ninguna ex primera dama mexicana, ni a ninguna esposa de gobernador haciendo este trabajo. Pero sí hay mujeres de la sociedad civil, de organizaciones que no tienen que ver con el Gobierno, que han estado levantando la voz.
Es importantísimo promover que sean las esposas de los mandatarios mexicanos las que suscriban una carta en este sentido. Además de un programa para presentar las demandas que deben hacerse para que se respeten los derechos de los niños en el mundo y, particularmente, en EEUU por ese trato racial y discriminatorio que estamos sufriendo.
El Senado de México, como aparato regulador de la política exterior del país, ¿qué tipo de política estudia o propone para detener la entrega de familias migrantes a los fiscales de EEUU?
