El único motivo por el que Burch se explica su deportación es porque al "Gobierno argentino no le gustaron las opiniones que hemos expresado en temas de la OMC", dijo a esta agencia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina justificó en un comunicado el 2 de diciembre la revocación de 64 acreditaciones señalando que se trataba de personas "disruptivas y/o violentas" y que "habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos".
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Pero Burch aseguró que "ninguno ha defendido la protesta violenta ni ha tenido actitudes obstruccionistas en las reuniones como se argumenta".
Derechos de internet
La periodista, especialista en derechos de la comunicación y de internet, coorganizó hace unos meses una reunión en Quito sobre el internet ciudadano, discrepante del internet "concentrado y monopolizado que estamos viviendo ahora y que es uno de los temas centrales en la OMC", contó.
"Consideramos que es una propuesta muy nociva para países en desarrollo, no porque el comercio electrónico sea malo, sino porque la OMC no es el espacio para definir eso", argumentó la titular de ALAI.
El comercio electrónico, sostuvo Burch, "es un pretexto para que las grandes transnacionales puedan tener las puertas abiertas para llevarse nuestros datos sin obligaciones de tener una presencia física en los países con los cuales trabajan, una coyuntura que tiene repercusiones en la generación de empleo".
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El comercio a través de internet no paga impuestos, "cuando no hay ninguna razón para que no lo haga", ni obliga a realizar transferencias tecnológicas, "lo que también es importante para nuestros países", acotó.
"Hemos expresado opiniones al respecto, y sé que el Gobierno argentino [de Mauricio Macri] defiende esa agenda, entonces es la razón que encuentro para que no hayan querido que ingrese a Argentina", concluyó la directora ejecutiva de ALAI.
Más de 60 activistas vetados
En su opinión, lo ocurrido "es grave e inédito".
Burch, de 68 años, se había inscrito en una delegación ciudadana en calidad de comunicadora entre las organizaciones no gubernamentales registradas para participar en la XI conferencia de la OMC.
Burch no necesitaba visado para ingresar a Argentina, pero fue retenida en el aeropuerto por las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones "porque tomaron como pretexto que entré como turista para hacer periodismo, aun cuando otras personas en el mismo caso habían podido entrar", explicó.
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La responsabilidad de un Gobierno en un país que es sede de un evento de estas características es garantizar el ingreso y la participación de todas las personas inscritas de manera oficial, afirmó la periodista.
"Se han dado excepciones en casos muy particulares por razones estrictas de seguridad, pero nunca sin justificación", sostuvo.
Inicialmente, el Gobierno de Macri revocó la acreditación de 64 representantes de 18 organizaciones civiles.
"Yo quisiera hablar por todos, porque mi caso es uno entre muchos", advirtió.
Entre los representantes de las organizaciones no gubernamentales rechazadas, "muchos necesitaban visado para ingresar a Argentina y se lo denegaron, por lo que ni siquiera salieron en la prensa, porque no fueron devueltos como yo en el aeropuerto", aclaró la directora ejecutiva de ALAI.
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El escenario que desvela esta actitud del Gobierno de Macri reviste especial trascendencia, dado que la OMC es "un espacio multilateral donde la presencia de la sociedad civil es mínima porque no pueden participar en las reuniones, solo hacer lobby en los pasillos", indicó Burch.
Varios integrantes de la red de organizaciones "Nuestro Mundo No Está a la Venta" (Owinfs, por sus siglas en inglés) se manifestaron el 11 de diciembre en la sede de la conferencia de la OMC para protestar sobre la posibilidad de que se incorporen a la agenda de las negociaciones asuntos como el comercio electrónico y la facilitación de inversiones.
