El funcionario es uno de los alcaldes que estaba citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por el referéndum del próximo 1 de octubre.
En concreto, están siendo investigados los que firmaron un decreto para ceder locales para celebrar la consulta y en caso de que no comparezcan "pueden reclamar su detención".
"No nos harán cambiar de criterio, nuestros ciudadanos se podrán expresar libremente el próximo 1 de octubre en una urna ", explica a esta agencia el diputado, después de negarse a declarar ante la Fiscalía, como están haciendo los más de 700 alcaldes investigados por apoyar la consulta.
Bel explica a Sputnik que entregó una copia al fiscal del decreto del Ayuntamiento de Tortosa, donde es alcalde, conforme da pleno apoyo al referéndum convocado de acuerdo con la ley aprobada por el Parlament.
"No tengo nada que ocultar, es una ley aprobada donde reside la soberanía del pueblo de Cataluña, en el Parlamento", explica, insistiendo que "en un futuro" declarará ante el magistrado instructor "si continúa el caso".
"Si en el siglo XXI, en Europa, es delito que un alcalde facilite a sus convecinos depositar una papeleta en una urna, deberíamos reflexionar", insistió, recordando que "no es una causa contra él, sino una causa general contra la mayoría de los alcaldes elegidos democráticamente en Cataluña".
Infografía: La larga historia del enfrentamiento entre Madrid y Barcelona
Reprobación
"Los dos ministros que están llevando el peso de la intervención del Gobierno de Cataluña están reprobados, se trata del ministro Cristobal Montoro y el ministro Rafael Catalá", señala.
Además, "el Fiscal General del Estado está también reprobado por el Congreso y, en un Estado normal, hoy ya no tendría ese cargo", destacó Bel, insistiendo en que "un señor reprobado se permite citar al 75% de los alcaldes elegidos democráticamente de un país para hacerlos reflexionar por poner las urnas".
Lea más: A siete días para el referéndum catalán: sentimientos, claveles y papeletas por la tarde
