"A nosotros y a las familias de los estudiantes desaparecidos, nos parece que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) lo que hace es evadir la verdad y su responsabilidad de emitir una resolución sobre la investigación interna, que detectó irregularidades de los responsables de las indagatorias", dijo Rosales en entrevista telefónica.
El documento del visitador general (inspector federal interno) César Alejandro Chávez, fue publicado el jueves por The New York Times, pero fue descalificado por la PGR como "un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal".
La fiscalía evitó examinar el contenido, que señala presuntas torturas, diligencias sin registro y manipulación de la escena del crimen en el Rio San Juan, cercano al basurero municipal del pueblo de Cocula, estado de Guerrero (sur), donde un día después fueron encontrados restos óseos que llevaron a identificar a uno de los jóvenes desaparecidos y a encontrar indicios de probabilidad de otro, con análisis de ADN.
"Hay intereses muy altos para proteger a Tomas Zerón de Lucio (entonces director la federal Agencia de Investigación Criminal) y otros funcionarios contra quienes apunta la investigación", dijo Rosales, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, nombre aborigen de la región agreste de Guerrero.
"No sabemos qué esconden, pero impiden el conocimiento de la verdad del caso, por eso se manipuló la evidencia", afirma Vidulfo Rosales.
En las investigaciones "se cometieron diversas irregularidades para desviar el cauce del proceso y el conocimiento del destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa", insiste.
Legalismos
El jurista considera como tecnicismos legales los argumentos que esgrime la PGR para concluir que "se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal".
Para los abogados de los padres y madres de los jóvenes —originarios de regiones empobrecidas y humildes, asoladas por el crimen organizado en Guerrero— "más allá de si es o no un documento oficial el proyecto de resolución que emitió el Visitador General César Chávez, lo preocupante es por qué no le aprobaron ese proyecto, que ya sancionaba las irregularidades en el proceso de investigación".
El funcionario federal se reunió con las familias y abogados encabezados por Rosales el 22 de agosto, cuando les informó de sus indagaciones, que esperaban un trámite formal para oficializarse; pero cuatro semanas después renunció al cargo, sin más explicaciones.
El informe publicado por el diario neoyorkino dice que los sospechosos cruciales fueron arrestados y trasladados ilegalmente, poniendo en tela de juicio las pruebas que proporcionaron.
"Ese proyecto del anterior Visitador no se aprobó en circunstancias sospechosas", dice el defensor de las familias de los estudiantes.
Sobre la separación del cargo del funcionario, comentó que "formalmente dimitió, pero es curioso que su renuncia ocurriera después de emitir un proyecto de resolución que apuntaba a Tomás Zerón", principal investigador policial de la AIC que fue designado al Consejo de Seguridad Nacional por el presidente Enrique Peña Nieto, casi al mismo tiempo de la renuncia del inspector general de la PGR.
Las irregularidades señaladas "con fuerza positiva, indican que la salida del Visitador estuvo mediada por este proyecto de resolución, que no fue aprobado por la PGR", puntualiza Rosales.
Confirma hallazgos de CIDH
En cuanto a los hallazgos contenidos en la indagación interna de la polémica investigación federal, bautizada por el ex fiscal federal Jesús Murillo como "verdad histórica", aquellos hechos coinciden con las irregularidades encontradas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que culminó su trabajo en mayo pasado.
"Las irregularidades de la investigación interna de César Chávez tienen mucha similitud con las que denunció el grupo de expertos de la CIDH", compara Rosales.
Según el diario The New York Times, la conducta de los investigadores, en palabras del informe gubernamental, "violaba el derecho a la verdad y dañaba el derecho de las víctimas a la justicia".
"Para nosotros es un documento de suma relevancia, porque señala a varios funcionarios federales que manipularon y desviaron la investigación, lo que nos ha impedido conocer la verdad del origen y desenlace del caso", añade.
La consecuencia de las torturas infligidas a los acusados y sicarios confesos, y las presuntas manipulaciones en la escena del crimen, donde se encontraron un día después bolsas con restos óseos —que se dejó sin custodia durante una noche— "es que la investigación se ha ensuciado y oscurecido intencionalmente", puntualiza el abogado.
