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    Proceso soberanista catalán (459)
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    La Unión Europea "no nos va a poner una alfombra roja esperando que lleguemos con un nuevo Estado para ser admitidos en su club", pero sí que tomará en cuenta un compromiso claro por la independencia para garantizar la estabilidad en el Sur del continente, considera Jordi Sánchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

    La Unión Europa considera el proceso soberanista que se vive en Cataluña un asunto interno.

    Mi sensación es que en Europa no nos van a poner alfombras rojas esperando que lleguemos con un nuevo Estado para ser admitidos en su club. Pero mi convencimiento absoluto es que si Europa observa un compromiso democrático exquisito, un mandato en las urnas inequívoco, y una voluntad del Gobierno y del Parlamento catalán de impulsar el proceso, será en ese momento cuando podría tomar cartas, siempre de una forma prudente, pero siempre buscando favorecer la estabilidad en esta parte del Sur de Europa.

    ¿Existen contactos con la Unión Europa?

    Hay contactos discretos entre las diplomacias europeas y occidentales y el Gobierno catalán y agentes políticos y sociales catalanes. Esos contactos existen y son muy fluidos, pero no da carta de naturaleza a nada. Simplemente lo que pone de manifestó es que hay un interés muy grande por parte de los principales Gobiernos europeos y occidentales por lo que está ocurriendo en Cataluña. Ese interés lleva a mantener informados permanentemente a los cuerpos diplomáticos, pero ahora no estamos en ninguna fase de buscar el reconocimiento, porque el proceso está lejos de alcanzar el momento álgido de ese apoyo democrático en las urnas.

    ¿Hay algún país europeo dispuesto a reconocer una Cataluña independiente?

    La geopolítica es enormemente trascendente y no hay duda que los países que se independizaron de la antigua Unión Soviética tenían un papel geoestratégico de enorme interés para muchos países europeos, que fueron aliados e incitadores probablemente de esos procesos independentistas. En nuestro caso es distinto. Estamos en escenarios sensiblemente distintos.

    Últimamente las descalificaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno catalán han subido de tono.

    Lo que existe es una situación de sorpresa en el Gobierno español y en las instituciones del Estado ante la capacidad del soberanismo en Cataluña, que han acordado una candidatura de unidad para ganar el reto de las elecciones regionales del 27 de septiembre con una clara voluntad de ejercer el derecho a decidir y de iniciar un proceso de creación de un nuevo Estado. Y esa sorpresa se ha traducido en un conjunto de amenazas, advertencias, descalificaciones y acusaciones, que lo que ponen simplemente encima de la mesa es una cierta impotencia y nerviosismo que nada ayuda a analizar democráticamente un conflicto político que nunca ha tenido la violencia en su interior y que solo puede resolverse con una práctica democrática y los ciudadanos votando en las urnas. Y ese es el reto que tenemos todos los demócratas.

    ¿Cuál es la mayoría suficiente para llevar adelante el proceso secesionista?

    La mayoría suficiente será la que salga de las elecciones de septiembre, como en cualquier país. Ése es el reto del 27S. Otra cuestión muy distinta es el apoyo a la declaración de independencia y para ello, evidentemente, se requiere el apoyo de la mayoría de la población. Desde hace tiempo pedimos que el Estado español acepte poner las urnas y que sean las urnas las que decidan si Cataluña quiere ser un país independiente o no. El principal litigio con el Gobierno de España es precisamente el de poner las urnas. Y quien niega el referéndum es España. Y esto es un dato enormemente trascendente. Ahora, en septiembre, vamos a dilucidar una mayoría de escaños (en referencia a las fuerzas secesionistas) y nos gustaría que con esa mayoría pudiéramos cuanto antes dilucidar una mayoría de votos, a través de las urnas, y conocer qué grado de aceptación tiene la ruptura con España. La Constitución permite que el Gobierno de España convoque la consulta. El problema es una lectura enormemente restrictiva de la Carta Magna que dificulta una solución rápida y democrática del tema catalán.

     

    LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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